La iniciativa del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba plantea permitir embargos excepcionales de recursos de las AFORE.
El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), impulsa una iniciativa para permitir que las autoridades judiciales embarguen parcialmente los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, exclusivamente para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias a favor de menores de edad.
La propuesta busca reformar las leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de establecer una excepción a la regla que actualmente protege estos recursos contra embargos.
De acuerdo con el proyecto, la medida únicamente procedería cuando la persona deudora se encuentre desempleada, carezca de bienes suficientes para cubrir la obligación y no haya realizado retiros por desempleo durante los cinco años anteriores. Además, el monto no podría superar el equivalente permitido por la ley para un retiro por desempleo.
La iniciativa también establece que la autoridad judicial deberá verificar que el embargo no comprometa el mínimo vital de subsistencia de la persona trabajadora. Asimismo, los recursos utilizados tendrían que reintegrarse a la subcuenta correspondiente cuando esta se reincorpore a un empleo formal.
En los argumentos de la propuesta, el legislador señala que la reforma busca contribuir a la protección de 13.3 millones de niñas, niños y adolescentes que, según los datos citados en el documento, no cuentan con el respaldo económico de ambos progenitores.
El diputado sostiene que la legislación vigente presenta una contradicción, pues permite a las personas desempleadas retirar una parte de sus ahorros para el retiro, pero no contempla expresamente que esos mismos recursos puedan utilizarse mediante una orden judicial para garantizar el pago de alimentos.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Seguridad Social para su análisis y eventual dictaminación. De aprobarse, establecería un mecanismo excepcional para proteger los derechos alimentarios de menores de edad, sin eliminar la protección general de los ahorros destinados al retiro.
