Se encuentra entre los países mejor preparados de América Latina para hacer frente al fenómeno, pero carece de andamiaje legal para sancionar conductas delictivas en la web.
México es un país de contrastes en lo que a ciberseguridad se refiere, ya que si bien se encuentra entre los mejor capacitados de América Latina para enfrentar amenazas en el ciberespacio, tiene la tasa más alta de ciberdelitos en la región.
Un grupo de analistas coinciden en señalar que es la falta de leyes en la materia, la poca inversión en sus capacidades cibernéticas y la ausencia de educación y de habilidades para generar una cultura de la ciberseguridad, lo que propicia que el país esté en dicho estancamiento.
En el think tank global del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, que aborda aspectos políticos, legales, de políticas públicas y diplomáticos en torno a la política cibernética de México, se advierte sobre el “drástico aumento en delitos cibernéticos”.
De acuerdo con el citado estudio, México tiene una economía sofisticada tecnológicamente hablando, pero la “corrupción” y los “abusos políticos” son parte de los obstáculos para aplicar una efectiva política en ciberseguridad.
Ello viene en referencia al presunto uso del software espía Pegasus por parte del gobierno y de autoridades, “para vigilar a periodistas y críticos” y se establece que desde 2017, cuando se presentó la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS), la política cibernética en México ha padecido la “falta de priorización política”.
En el artículo en cita se establece que en la actual administración “el progreso de México en la ciberseguridad se ha estancado”, a pesar de que el país mantiene su participación en la diplomacia cibernética multilateral ante organismos como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Alianza del Pacífico, que integra con Chile, Colombia y Perú.
Se considera que la falta de avance en ciberseguridad se profundizó en este gobierno por “la ausencia de vocación tecnológica del presidente” Andrés Manuel López Obrador, pero también se atribuye al hecho de que, al ya cercano cierre de la actual legislatura, y “después de 29 iniciativas”, no se pudo dictaminar “ni una ley de ciberseguridad, ni una ley que regule el uso de la Inteligencia Artificial.
Son en sí una serie de factores que vulneran las capacidades del Estado mexicano para afrontar los costos globales del cibercrimen, que se han ido incrementando fuertemente.
Hay que mencionar que, a diferencia de Estados Unidos, en México es más grave el problema de la ciberdelincuencia.
Destaca el hecho de que l autoridad responsable actualmente de atender la ciberseguridad en el país es la Guardia Nacional, la cual adolece de una serie de necesidades tanto de mantenimiento y de incremento de su capacidad tecnológica, como del talento humano para afrontar el fenómeno.
No debe perderse de vista que México es el país más atacado de Latinoamérica por organizaciones criminales de Brasil y de China, además de que podría ser blanco de ataques de organizaciones criminales de Rusia en el escenario de la infraestructura crítica del país.
El Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ubicó en 2020 a México en el puesto 52 de las clasificaciones globales de capacidad cibernética, en el que Estados Unidos (primer lugar), Canadá (octavo) y Brasil (decimoctavo) fueron los mejor clasificados en la región de las Américas.
El análisis del Fondo Carnegie para la Paz Internacional señala que los avances en la lucha contra las amenazas cibernéticas y replantear la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, sólo dependen del interés de la sucesora del presidente López Obrador.
