-La fiscal propuso crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
La violencia feminicida no solo arrebata la vida de las mujeres, también deja profundas huellas y deshace comunidades y familias. En este contexto, los niños, niñas y adolescentes se convierten en víctimas indirectas de un delito que genera graves afectaciones en su desarrollo emocional, social y económico. Frente a esta realidad, el Estado mexicano debe actuar.
Así lo señaló la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, durante su participación en la reunión interinstitucional para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, realizada en instalaciones del DIF Nacional.
Mencionó que tanto las fiscalías como, particularmente, los agentes del Ministerio Público tienen la responsabilidad no solamente de investigar y perseguir el delito de feminicidio, sino también de identificar, reconocer y garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como la identificación y reconocimiento a su calidad de víctimas indirectas.
Para ello, agregó, desde el inicio de la investigación los Ministerios Públicos deben reconocer formalmente su calidad de víctimas, garantizar su acceso a los mecanismos de atención y protección, y asegurar que reciban medidas de asistencia, acompañamiento psicológico, atención médica, apoyo social que permitan avanzar hacia la reparación integral del daño.
“La procuración de justicia en estos casos no puede limitarse únicamente a la investigación penal; debe incorporar un enfoque de derechos que coloque en el centro a las infancias afectadas”, aseveró.
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, afirmó que la orfandad por feminicidio no puede ser una realidad invisible, por lo que la respuesta institucional tiene que ser integral, articulada y que se sostenga con el tiempo.
García Pérez destacó que la construcción y consolidación de este registro será una herramienta de coordinación interinstitucional que tendrá un papel fundamental en el aspecto operativo, ético y un paso decisivo para que la atención integral y reparación del daño dejen de ser aspiraciones y se conviertan en una política pública efectiva.
