Rinden protesta 26 integrantes que fortalecerán políticas públicas en favor de la libertad de expresión.
El Gobierno del Estado de México instaló el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, integrado por 26 representantes —13 titulares y 13 suplentes— que desempeñarán funciones durante los próximos cuatro años.
Este órgano tiene como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar políticas públicas que garanticen la integridad, seguridad y condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en la entidad.
Durante la toma de protesta, el Consejero Jurídico del Gobierno estatal, Jesús George Zamora, subrayó que proteger a quienes alzan la voz frente a la injusticia es fundamental para fortalecer la democracia, ampliar libertades y garantizar la rendición de cuentas.
Destacó que, como parte de la política pública impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se han implementado más de mil 600 medidas de protección, se ha capacitado a más de 70 mil personas —incluidos cuerpos de seguridad en zonas de riesgo— y se han establecido 36 convenios interinstitucionales para atender de manera oportuna situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, resaltó avances significativos como la incorporación, por primera vez, de periodistas a servicios de salud mediante 128 afiliaciones al IMSS-Bienestar y 17 al esquema del IMSS para trabajadores independientes, además del impulso de reformas legales orientadas a fortalecer la protección y bienestar de estos sectores.
El titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo, Israel Hernández Sosa, informó que las y los integrantes del Consejo provienen de 12 municipios, lo que permitirá una representación territorial amplia y cercana a las necesidades reales de la población.
En su primera sesión, el Consejo designó como presidente a Manuel Alejandro Carrillo Segovia; como secretaria a Fabiola Vite Torres; y como integrantes de la Junta de Gobierno a Juan Antonio Mondragón Miramontes y Maricruz Rivera Garzón.
Autoridades estatales y organismos de derechos humanos reiteraron que este mecanismo representa un avance hacia una política integral, con visión de largo plazo, que garantice condiciones dignas y seguras para periodistas y personas defensoras.
