Advierten que las medidas actuales no son suficientes y plantean una responsabilidad compartida entre empresas y autoridades.
Integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente demandaron fortalecer los protocolos de prevención y atención de la violencia sexual contra mujeres que utilizan servicios de transporte mediante plataformas digitales, al considerar que las medidas existentes aún no eliminan los riesgos de acoso, abuso sexual, violación y otras agresiones.
En un dictamen aprobado el pasado 12 de agosto, senadoras y senadores, así como diputadas y diputados, señalaron que, aunque las plataformas cuentan con herramientas como seguimiento de trayectos, identificación de vehículos y botones de emergencia, persisten situaciones que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres, particularmente cuando viajan solas, durante la noche o por zonas que desconocen.
El documento solicita a los gobiernos estatales y sus instituciones de seguridad y movilidad fortalecer los protocolos de prevención, atención, seguimiento y apoyo ante casos de violencia sexual, además de establecer mecanismos que permitan prevenir la reincidencia.
Asimismo, plantea que las fiscalías de las 32 entidades federativas continúen reforzando sus protocolos para atender y sancionar estos delitos, así como mantener actualizadas las estadísticas sobre las distintas formas de violencia cometidas contra las mujeres en estos servicios.
Las y los legisladores advirtieron que situaciones como diferencias entre la identidad registrada y quien conduce, cambios injustificados de ruta, paradas no previstas y una respuesta institucional tardía pueden agravar el riesgo para las usuarias.
Por ello, subrayaron que la prevención no debe recaer exclusivamente en las mujeres mediante recomendaciones como compartir su ubicación, evitar viajes nocturnos o permanecer comunicadas con familiares y personas cercanas.
El dictamen destaca que una estrategia efectiva requiere una responsabilidad compartida entre las empresas de transporte por plataformas, autoridades de movilidad y seguridad, fiscalías e instituciones encargadas de atender a las mujeres, con protocolos coordinados que permitan prevenir agresiones, responder oportunamente y garantizar atención y justicia para las víctimas.
