Servidores públicos, exfuncionarios y particulares son señalados por presuntamente exigir cuotas, bloquear sistemas y amenazar a concesionarios.
Una presunta red de extorsión, amenazas y abuso de poder que operaba en los Centros de Verificación Vehicular del Estado de México quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que apunta a la posible participación de servidores públicos en activo, exfuncionarios y particulares.
El esquema habría operado al menos desde diciembre de 2023 y tenía como principales víctimas a propietarios y concesionarios de verificentros, a quienes presuntamente se imponían cuotas periódicas relacionadas con el número de verificaciones, las líneas de servicio y distintos trámites administrativos.
Las supuestas irregularidades podían ir desde cuestiones menores, como logotipos despintados o equipos de cómputo considerados desactualizados, hasta diferencias entre las imágenes captadas por las cámaras y la inspección de los vehículos. Una vez bloqueado el sistema, la reactivación presuntamente podía convertirse en una nueva exigencia económica.
Otro mecanismo señalado fue la restricción en la entrega de hologramas. Los verificentros podían quedarse sin engomados para continuar trabajando y, según las investigaciones, la entrega de nuevos hologramas estaría condicionada al pago de las cuotas exigidas.
La investigación ministerial señala que el 23 de diciembre de 2023, Raúl “N”, entonces director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal y actualmente vinculado a proceso, habría convocado a representantes de diversos verificentros a una reunión en un restaurante de la Ciudad de México.
En ese encuentro se habría planteado el pago de 200 mil pesos mensuales por verificentro, aun cuando los establecimientos contaran con su documentación en regla. Posteriormente, algunos concesionarios habrían aceptado pagos de entre 30 mil y 100 mil pesos, dependiendo de la capacidad de cada centro.
En febrero de 2024, presuntamente se exigió un pago adicional de 162 mil 500 pesos por verificentro, bajo el argumento de que se trataba de un concepto “retroactivo”.
La Fiscalía también investiga una exigencia de 500 mil pesos por cada línea de verificación. Actualmente existen 878 líneas abiertas y operando en la entidad, por lo que el monto pretendido habría superado los 430 millones de pesos, cantidad que se sumaría a las cuotas mensuales y otros cobros investigados.
Las indagatorias también apuntan a que la red habría utilizado amenazas para obligar a algunos concesionarios a entregar porcentajes de sus empresas. En otros casos, presuntamente se obstaculizaban las revalidaciones de las concesiones o se retrasaban los trámites para ejercer presión sobre los propietarios.
El supuesto intento de modificar concesiones destinadas originalmente a agencias automotrices para convertirlas en establecimientos abiertos al público.
Algunos involucrados habrían presumido contar con protección de personajes políticos y utilizado amenazas contra concesionarios y sus familias para garantizar el cumplimiento de sus exigencias.
Entre el 10 y el 14 de agosto, la Fiscalía aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular ubicados en Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla, mientras continúan las investigaciones sobre otros establecimientos.
También fueron cateadas oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal en Tlalnepantla y Metepec, donde se aseguraron diversos indicios que forman parte de la investigación.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto en un operativo realizado por la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. El 16 de agosto, ambos fueron vinculados a proceso: Raúl “N” por extorsión agravada y Carlos Eduardo “N” por abuso de autoridad.
Ambos permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La Fiscalía recordó que los imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
La investigación continúa para determinar el alcance de la presunta red, identificar a otros posibles involucrados y establecer cuántos verificentros habrían sido afectados por el esquema.
