Por Luis Pinal Da Silva
La marcha del 13 de noviembre causó mucho escozor, lo suficiente para instrumentar una estrategia de boicot para la concentración prevista para el próximo domingo en la Plaza de la Constitución.
Una manifestación, lo sabemos quiénes no asumimos el discurso oficial, para sensibilizar al Poder Judicial sobre los riesgos de la (contra) reforma electoral.
En especial los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Sala Superior decidirá si destaza a los órganos electorales.
El blanco del Gobierno y su partido por ahora es el Instituto Nacional Electoral (INE), a cuyo presidente Lorenzo Córdova se ha satanizado en víspera de su partida como consejero.
En noviembre la consigna El INE no se toca iba dirigido a detener la primera parte de la (contra) reforma referida, valientemente congelada por el ministro Alberto Pérez Dayán.
Pero corresponderá al pleno, presidido por la ministra Norma Piña, emitir el voto definitivo, salvador o aniquilador no tanto del INE, sino de cuánto significa en organización y calificación electoral.
Sin duda el Zócalo estará rebosante el domingo por la mañana.
Pero no de burócratas ni de militantes del partido oficial porque se hace una labor de zapa para exhortarlos a no asistir porque, es el discurso, están en contra de la democratización del país.
Sanciones, salario y prestaciones mandan.
Se llega al desatino del discurso mimetizado de Mario Delgado y otros morenistas, según el cual acudirán a esa convocatoria quienes están por la liberación de Genaro García Luna y la corrupción.
Y como toda acción tiene una reacción, desde ahora se hace campaña para asistir a la gran marcha o mitin del 18 de marzo próximo para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera.
Por ahora no está en proyecto una respuesta inmediata, como sí sucedió en noviembre: el 13 quienes estaban y están contra la reforma electoral, y 27 los gobiernistas.
La convocatoria en marcha permite dar otro dato: la concentración de noviembre se desvanecerá ante el uso de recursos públicos, cobro de beneficios sociales y control burocrático en marzo.