Aunque la ASF ya emitió procedimientos de fincamiento resarcitorio para recuperar más de 290 millones de pesos, a la fecha no se ha logrado subsanar ni un solo peso de ese daño patrimonial.
Más de 300 millones de pesos que tenían que destinarse a proteger la salud de las mujeres desaparecieron o fueron mal ejercidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los recursos fueron repartidos desde el gobierno federal hacia los gobiernos estatales para financiar programas de prevención de la mortalidad materna y del cáncer de mama, para promover la salud de la mujer antes, durante y después del embarazo, así como para apoyar a refugios antiviolencia.
Se trata de 335 millones 107 mil 436.30 pesos que no se usaron en lo que se debía y que hoy no se han recuperado.
Las irregularidades fueron detectadas en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, responsable de dispersar los recursos y de darle seguimiento a su aplicación, durante el sexenio pasado y el primer año del actual por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque la ASF ya emitió procedimientos de fincamiento resarcitorio para recuperar más de 290 millones de pesos, a la fecha no se ha logrado resarcir ni un solo peso de ese daño patrimonial.
Además, la ASF mantiene en investigación el destino de más de 42.9 millones de pesos, presuntamente mal ejercidos en 2018, y 1.2 millones de la actual administración, del programa de salud materna, sexual y reproductiva.
El año en el que más recursos públicos se perdieron en la dispersión hacia los estados fue el 2015, cuando el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva estuvo encabezado por Ricardo Juan García Cavazos, actual director de Educación y Capacitación en Salud en el Hospital General de México.
De ese año, la ASF solicitó el resarcimiento de más de 217 millones de pesos, identificados como daño patrimonial en dos auditorías al programa de “Salud materna y perinatal”.
De ese monto, no se encontró evidencia de que 189.6 millones de pesos se hubieran usado efectivamente en acciones de salud pública que ayudaran a la reducción de la mortalidad materna y la calidad en la atención obstétrica, tales como la identificación de riesgos y daños en salud perinatal y de la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, a través de consultas prenatales, pruebas de tamiz neonatal, capacitación a médicos especialistas para la atención de emergencias obstétricas y parto respetuoso.
Ocho estados, Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Tabasco y Veracruz, no demostraron a través de sus secretarías de Salud que un total de 34.2 millones de pesos hubieran sido ejercidos para los fines que se les entregaron y lo peor, ese dinero no estaba en las cuentas bancarias en las que se les depositó.
Además, casi todos los estados, excepto Guanajuato, Jalisco, Michoacán y el entonces Distrito Federal, reportaron que pagaron honorarios, sueldos y ayudas al personal médico por 147millones de pesos e intentaron justificar el gasto con una lista de los trabajadores, pero no con comprobantes que acreditaran el uso de ese dinero.
Los estados que más gastaron así, sin comprobación, fueron Oaxaca, Quintana Roo y Guerrero.
Otros 8.2 millones de pesos provenientes de ese programa fueron gastados por dependencias de salud de 13 estados en viáticos, combustible, internet, señales analógicas y mantenimiento sin que se emitieran facturas por esos servicios.
De acuerdo con la ASF el problema estuvo incluso desde el inicio, pues detectó que el reparto del dinero aprobado hacia los estados por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se dio sin criterios específicos y sin revisar los proyectos que las secretarías de Salud locales presentaron para la aplicación de esos recursos.
“No acreditó que su aprobación se sujetó a criterios de objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades de cada estado para garantizar el cumplimiento de los objetivos de dicho programa”, concluyó.
Sin embargo, el mal uso de recursos por parte de los estados en el programa de reducción de la mortalidad materna no era nuevo, pues desde 2013, la ASF había identificado un daño patrimonial por 62.3 millones de pesos, cuya aplicación tampoco fue comprobada y por la que también promovió fincamientos resarcitorios, pero el Centro Nacional de Equidad de Género no aprendió de esa experiencia.
