Ocho estados en México acumulan el 66% de los casos de extorsión a nivel nacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión para prevenir y proteger a la población de este delito.
Señaló que detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que, todos los días, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios.
Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estuvo acompañado por los mandos del Gabinete de Seguridad: el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández.
García Harfuch precisó que esta estrategia es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite robustecer las investigaciones, además de ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener a generadores de violencia relacionados con la extorsión.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión está basada en cinco ejes:
-Generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores del 089 en Manejo de Crisis y Negociación e implementar una campaña de prevención nacional.
Precisó que los estados donde se acumula el 66% de las extorsiones a nivel nacional son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se opera de manera prioritaria con equipos especializados.
Destacó el número de casos por entidad, en donde el Estado de México encabeza la lista de denuncias por extorsión: Estado de México: 2049, Guanajuato: 879, Nuevo León: 645, CDMX: 602, Veracruz: 585, Jalisco: 178 y Guerrero: 47.
En la Estrategia Nacional contra la Extorsión contará con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el congelamiento de cuentas bancarias donde se depositan los cobros de las extorsiones, además se solicitarán mandamientos judiciales para bloquear líneas telefónicas vinculadas a este delito, y se desarrollarán operativos sorpresa en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos que son utilizados para cometer este ilícito.
El número telefónico 089 será exclusivo a nivel nacional para atender denuncias y orientar a la población sobre este delito. El 089 cuenta con operadores especializados en el tema, además cuentan con un protocolo ante denuncias de extorsión directa o indirecta.
Cabe mencionar que se hará hincapié en la importancia de la protección de la identidad de la víctima a través de la recepción de denuncias anónimas, con ello se van a generar carpetas de investigación que permitirán a las autoridades dar seguimiento a estos delitos y detener a los generadores de violencia.
También se brindarán capacitaciones a cajeros de tiendas de conveniencia e instituciones bancarias para evitar depósitos a extorsionadores, así como a recepcionistas de hoteles del país para identificar y evitar casos de secuestro virtual. Todo ello con una campaña preventiva que será difundida en los canales institucionales para que toda la población pueda estar protegida de este delito.
El secretario de Seguridad agregó que las denuncias ciudadanas son parte fundamental en esta Estrategia y para ello se suma el Observatorio de Seguridad Ciudadana que ya tiene presencia en 20 estados del país, explicó que este organismo, desde marzo a la fecha, ha canalizado más de 60 reportes de secuestro y extorsión, lo que ha permitido salvar vidas y proteger a familias.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales y la sociedad civil para combatir el delito de extorsión, con ello proteger el ingreso de las familias trabajadoras que ponen negocios, trabajan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios, y con ello, construir la paz en el territorio nacional.
