Aseguró que no basta con la aprobación de la ley; por lo que se sigue trabajando en las consideraciones planteadas.
Para poner en marcha las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, fueron presentadas las principales acciones de ejecución, los plazos estimados e instituciones participantes. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó atender este tema como una prioridad de su gobierno.
Las diez acciones que se implementarán serán:
- Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda. Deberá expedirse a más tardar el 15 de octubre de 2025.
- Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) para integrar los planes de seguridad en las búsquedas y protección para las familias.
- Poner en marcha la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.
- Usar datos biométricos e imágenes satelitales en búsquedas.
- Fortalecer Fiscalías Especializadas y el Banco Nacional de Datos Forenses.
- Crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- Atención del rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.
- Atención integral a hijos e hijas de personas desaparecidas.
- Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.
- Armonizar leyes locales con la Ley General.
Con la participación de más de 450 colectivos y familias representadas por redes y plataformas, se recabaron 570 propuestas legislativas y también en política pública, relacionados con cinco ejes de trabajo. Uno, búsqueda y seguridad; dos, identificación humana forense; tres, bases de datos y sistemas de información; cuatro, bienestar; y cinco, prevención. Además de la sensibilización de la población en general para prevenir factores de riesgo.
Aseguró Rosa Icela que no basta con la aprobación de la ley; por lo que se sigue trabajando en las consideraciones planteadas, así como la armonización de instrumentos normativos para el diseño de una política pública en la materia.
Las mesas de diálogo han contado con la participación de 17 dependencias internas y externas del Gobierno de México, entre las cuales están el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo); la Fiscalía General de la República (FGR); la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; la Comisión Nacional de Búsqueda; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La funcionaria federal estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; la Fiscal Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR, Sara Irene Herrerías; el director general del Renapo, Arturo Arce; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso.
