El TEPJF ordena al Congreso emitir la ley reglamentaria de revocación de mandato

La Sala Superior determinó que los legisladores tendrán un plazo máximo de 30 días para emitir esta norma, contando a partir del 1 de septiembre.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de la Unión que, dentro de los 30 días naturales siguientes contados a partir del 1 de septiembre, apruebe y emita la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato.

Además, avaló por seis votos a favor y uno en contra que el Instituto Nacional Electoral (INE) elabore, dentro de sus atribuciones, los lineamientos en este campo, a fin de poder tener certeza jurídica para la realización de este ejercicio.

En sesión pública, se recordó que el 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto sobre consulta popular y revocación de mandato, que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año.

Conforme a ese decreto, el Congreso debió expedir la ley reglamentaria dentro de los 180 días siguientes a su publicación, plazo que concluyó el 17 de junio de 2020.

«Por esa razón, resulta indispensable, como dice la ponencia, someter a escrutinio público judicial la inacción del cuerpo legislativo, debido a que las reglas, principios e instituciones del proceso de revocación de mandato forman parte del derecho electoral», expuso el magistrado presidente del TEPJF, Felipe Fuentes.

Además, Fuentes señaló que la omisión legislativa que se analiza en ese asunto produce una afectación a los derechos de la ciudadanía, porque la ausencia de una ley que regule este mecanismo podría obstaculizar el derecho de participación de las personas.

«De manera que, ante el eventual incumplimiento del legislador en los plazos establecidos en el proyecto, el INE podrá emitir, conforme a sus atribuciones constitucionales, los lineamientos atinentes para instrumentar el proceso de revocación de mandato», anotó.

La magistrada Janine Otálora señaló que el Congreso se ha excedido de manera notoria en el plazo para emitir la ley reglamentaria, lo cual podría obstaculizar la participación ciudadana y generar incertidumbre.

El magistrado Reyes Rodríguez destacó que, por una cuestión de seguridad jurídica, debería estar lista la ley reglamentaria de revocación de mandato conforme al plazo establecido, por lo cual defendió que el INE pueda emitir lineamientos dentro de sus atribuciones.

La magistrada Mónica Soto, al pronunciarse en contra de la propuesta, dijo que el único órgano que tiene atribuciones para ordenar al Congreso que legisle, ante la demostración de una omisión normativa derivada de un mandato constitucional, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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