La investigación se amplió a partir de diversas denuncias presentadas por personas afectadas y contempla también a otros servidores públicos, exservidores públicos y particulares que podrían estar relacionados con los hechos.
Tras una audiencia que se prolongó por más de 16 horas, un juez de Control del Distrito Judicial de Chalco determinó imponer prisión preventiva justificada a Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, servidores públicos investigados por su probable relación con una red de extorsión que habría afectado a propietarios y usuarios de verificentros del Estado de México.
La audiencia comenzó el pasado 12 de agosto y contó con la participación de tres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y siete defensores particulares, quienes argumentaron presuntas irregularidades en las detenciones y solicitaron la liberación de sus representados.
Sin embargo, después de analizar los argumentos de ambas partes, la jueza de Control determinó mantener a los imputados bajo prisión preventiva justificada.
La medida fue impuesta con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas y testigos, evitar una posible obstaculización de la investigación y reducir el riesgo de fuga, además de asegurar la presencia de los acusados durante el proceso judicial.
Uno de los imputados es investigado por extorsión agravada, mientras que el otro enfrenta señalamientos por abuso de autoridad. La Fiscalía sostiene que ambos podrían estar relacionados con un complejo entramado que habría afectado a propietarios de Centros de Verificación Vehicular y a ciudadanos que acuden a estos establecimientos para cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.
La investigación se amplió a partir de diversas denuncias presentadas por personas afectadas y contempla también a otros servidores públicos, exservidores públicos y particulares que podrían estar relacionados con los hechos.
La próxima audiencia quedó programada para el sábado 15 de agosto a las 10:30 horas, cuando se analizará la solicitud de vinculación a proceso y se determinará la situación jurídica de los imputados.
La FGJEM informó que las investigaciones continúan con apoyo de autoridades que integran el Gabinete Nacional de Seguridad y reiteró que Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
