Se da seguimiento a 10 desarrollos para garantizar mejoras en las colonias.
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, advirtió que los desarrolladores inmobiliarios deberán cumplir con las obras de mitigación correspondientes para obtener los permisos de ocupación de sus inmuebles, al señalar que estas acciones son una obligación para compensar el impacto urbano de sus construcciones.
Acompañado por funcionarios de la demarcación, el edil informó que durante el último año se dio seguimiento a 10 proyectos inmobiliarios con compromisos pendientes, con el objetivo de garantizar que las inversiones se traduzcan en beneficios para las colonias y sus habitantes.
“Hemos sido muy claros, no hay arreglos en lo oscurito, el interés es el bien público, el bien común”, afirmó Tabe, quien advirtió que no se permitirá que las empresas evadan sus responsabilidades ni que recurran a prácticas irregulares para obtener autorizaciones.
Entre los avances destacó los trabajos de repavimentación en Lago Alberto, vinculados con el desarrollo BeGrand, así como el proyecto de rehabilitación en Presa Falcón, que contempla mejoras en banquetas, jardineras, alumbrado y la creación de un corredor verde con espacios para peatones y ciclistas. También señaló que mantienen conversaciones con Grupo Carso para dar seguimiento a sus compromisos.
El alcalde resaltó otras intervenciones, como la renovación del Parque Jaime Torres Bodet, donde se rehabilitaron 5 mil 200 metros cuadrados de senderos, se sustituyó mobiliario urbano y se construyeron jardines de lluvia. En Lomas de Chapultepec se intervinieron más de 4 mil metros cuadrados de banquetas y se construyeron seis cruces seguros, mientras que en Campos Elíseos se realizaron mejoras en pavimentos, alumbrado y áreas verdes.
De acuerdo con Tabe, las obras realizadas y las vinculadas con proyectos como BeGrand, Munet y Carso representan una inversión cercana a los 600 millones de pesos, monto que, afirmó, equivale al presupuesto de obras de la alcaldía durante un trienio.
Asimismo, exhortó al Congreso de la Ciudad de México a discutir la iniciativa que presentó para fortalecer las obligaciones de los desarrolladores.
La propuesta contempla destinar al menos 4 por ciento de la inversión total de cada proyecto a obras de mitigación y suspender las construcciones cuando, transcurrido un año desde el registro de la manifestación de construcción, no se hayan cubierto los pagos correspondientes.
