El modelo permite a las víctimas expresar sus necesidades y promueve que quienes cometieron un delito asuman su responsabilidad; en 2026 se han iniciado más de 210 casos.
La justicia restaurativa busca ofrecer una alternativa dentro del sistema penal para que las personas afectadas por un delito tengan voz y quienes lo cometieron comprendan las consecuencias de sus actos, asuman responsabilidad y participen en la reparación del daño.
De acuerdo con Israel Cepeda López, mediador conciliador del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, este modelo parte de la reflexión y no únicamente de la sanción. Durante las sesiones se analiza qué ocurrió, qué decisiones pudieron evitar el resultado y cuáles fueron las consecuencias para las personas involucradas.
En el caso de adultos, la Justicia Restaurativa puede intervenir desde la denuncia ante la Fiscalía y durante distintas etapas del procedimiento penal. En una primera fase, puede aplicarse a delitos culposos, como lesiones, daños a vehículos y algunos robos sin violencia, siempre que exista participación voluntaria y las partes alcancen un acuerdo reparatorio conforme a la legislación.
El proceso se desarrolla bajo principios como confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y consentimiento informado. La víctima decide si desea participar y puede establecer qué considera necesario para reparar el daño, que no necesariamente tiene que ser económico, pues también pueden atenderse afectaciones emocionales, familiares o morales.
Cuando el procedimiento se desarrolla durante la etapa de ejecución de una sentencia, puede abarcar todo tipo de delitos, incluidos aquellos de mayor gravedad. La participación en estas sesiones no implica la liberación de una persona privada de la libertad, aunque puede contribuir a los elementos que la autoridad considera para determinados beneficios previstos por la ley.
El Poder Judicial mexiquense señala que los procesos no tienen una duración determinada: algunos pueden concluir en uno o dos meses, mientras otros requieren periodos más prolongados debido a la complejidad de cada caso.
Además de buscar la reparación, el modelo pretende favorecer la reflexión y reducir el riesgo de reincidencia, al ayudar a que la persona sentenciada identifique las consecuencias de sus decisiones y considere alternativas para no repetir conductas similares.
