El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió al Gobierno federal poner fin a lo que calificó como un presunto “narcopacto” con organizaciones criminales y reiteró la propuesta de su partido para endurecer las sanciones contra funcionarios que sean declarados responsables de mantener vínculos con estos grupos.
Romero insistió en establecer penas que, en los hechos, mantengan de por vida en prisión a políticos vinculados con el crimen organizado. La agenda legislativa panista contempla sanciones de entre 80 y 140 años de prisión, además de multas y modificaciones para que determinadas conductas sean imprescriptibles.
El presidente del PAN también acusó al Gobierno federal y a Morena de mantener presuntos vínculos con grupos criminales y afirmó que esta situación afectaría la soberanía y la seguridad del país. Incluso utilizó el término “Narcoestado” para describir su interpretación de la situación actual de México. Estas afirmaciones corresponden a acusaciones políticas de Romero y no constituyen por sí mismas hechos acreditados.
Jorge Romero pidió además que las instituciones de justicia actúen sin distinciones partidistas ni mecanismos de protección para cualquier funcionario que resulte involucrado. El dirigente sostuvo que las sanciones deberían aplicarse independientemente del partido político al que pertenezca la persona responsable.
El PAN ha colocado esta propuesta dentro de su agenda legislativa y política, aunque su eventual aprobación requeriría el proceso correspondiente en el Congreso y, según las modificaciones planteadas, cambios constitucionales. Por ahora, las acusaciones sobre un supuesto acuerdo entre Morena y organizaciones criminales representan la postura del dirigente panista.
