En las siguientes semanas el INE va a firmar convenios de integridad electoral con las autoridades, instituciones y fuerzas políticas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró, a través de su presidente, Lorenzo Córdova, que serán los encargados de fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos y precandidatos participantes en la renovación de la gubernatura mexiquense, así como de las quejas por probables violaciones al modelo de comunicación política.
Asimismo, adelantó que en las siguientes semanas el INE va a firmar convenios de integridad electoral con las autoridades, instituciones y electorales y fuerzas políticas y serán vigilantes del cumplimiento de las reglas de fiscalización, para que partidos y precandidatos notifiquen todas sus actividades en esta etapa de precampañas.
A través de un mensaje en redes sociales, el consejero electoral resaltó la importancia de que los partidos y aspirantes cumplan con todas las obligaciones legales y las autoridades garanticen las condiciones de equidad para quienes participan en este proceso.
De acuerdo con el Código Electoral del Estado de México, los partidos políticos que participan en el proceso electoral deberán presentar informes de precampaña a más tardar dentro de los diez días siguientes a la conclusión de las precampañas, es decir, del 13 al 22 de febrero.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE tiene como facultad recibir y revisar los informes de precampaña, deberá vigilar que los recursos empleados tengan un origen lícito y se apliquen exclusivamente para el fin establecido, por lo cual podrá verificar las operaciones de los partidos políticos con proveedores.
Una vez entregados los informes de gastos de precampaña, la Unidad Técnica tendrá un término de 15 días para la revisión de dichos informe y presentar el proyecto de resolución, lo cual sucederá entre el 23 de febrero el 9 de marzo.
El tope que fijó el Instituto Electoral del Estado de México para cada partido en esta etapa de precampañas, las cuales se desarrollan entre el 14 de enero pasado y el 12 de febrero, es de 285.5 millones de pesos.
En esta etapa son posibles las reuniones públicas o privadas, debates, entrevistas en los medios de comunicación, visitas domiciliarias, asambleas, marchas y demás actividades que realizan los partidos políticos, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes; con el propósito de promover o posicionarse con el fin de obtener una candidatura.
De acuerdo con la ley vigente en la entidad, los participantes deben usar sólo propaganda reciclable y retirarla tres días antes del inicio del plazo para el registro de candidaturas, es decir, entre el 13 de febrero y el 15 de marzo
Las faltas cometidas en esta etapa pueden ser sancionadas desde amonestación pública hasta 10 mil veces el valor diario de la UMA, multas iguales al monto ejercido en exceso o hasta el doble, en caso de reincidencia, la reducción de hasta 50 por ciento del financiamiento público o la cancelación del registro del partido político local o imposibilidad de que la persona precandidata siga participando en el proceso electoral.