La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto, “no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población; ni representa una obligación para que los Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus Códigos Penales, pero si vuelve evidente una realidad social que debemos entender como pastores y atender con la debida diligencia”.
Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey presidente de la CEM y Ramón Castro Castro obispo de Cuernavaca y secretario general del organismo episcopal, expusieron que “con fundamento en el principio de relatividad de las sentencias de amparo, la mencionada Primera Sala de la SCJN, consideró que las autoridades no le deben aplicar a GIRE la totalidad de los artículos 331 y 332, así como ciertos fragmentos de los artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, en materia de aborto. Que imponen sanciones penales a quien practique el aborto y a la madre gestante que consienta a ello.
“Además, llama la atención que la Primera Sala de la SCJN haya determinado que, por tratarse de un caso sui generis y de derechos de naturaleza colectiva, deba entenderse que la inaplicación de los citados artículos a favor del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), sea extensiva a todas las mujeres que GIRE acompañe en sus solicitudes de aborto consentido”.
Recordaron que este miércoles 6 de septiembre, los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo y protección de la justicia a la asociación civil GIRE, “a fin de que pueda ejercer de forma plena su objeto social. El cual, implica entre otras cosas, la promoción y defensa del aborto, así como el acompañamiento legal a las personas que quieran realizarlo de manera consentida”.
Sostuvieron que “hay que ser firmes con la verdad, pero comprensivos con las personas y sus circunstancias. El aborto provocado al ser despenalizado normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana”.
Asimismo, “la legalización del aborto desgasta los cimientos del estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común”.