Representan el doble de los comunicadores rechazados en los primeros cinco años del gobierno de Peña Nieto, cuando sumaron 59.
Durante la administración de la Cuarta Transformación (4T), 114 periodistas han sido rechazados para acceder al Mecanismo de Protección, lo que representa 23 por ciento de las 485 solicitudes recibidas del 1 de enero de 2019 al 30 de octubre pasado.
Estos 114 son casi el doble de los rechazados en los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando sumaron 59, de acuerdo con cifras oficiales.
De acuerdo con el marco jurídico vigente en el país, la protección de la vida de los comunicadores corresponde al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Desde su creación en 2012, durante el gobierno de Peña Nieto, el Mecanismo ha dejado en manos de una sola empresa privada –RCU Sistemas S.A de C.V- el cumplimiento de las medidas de protección para resguardar la vida de los comunicadores en riesgo de muerte.
RCU Sistemas se ha encargado de brindar botones de pánico, chalecos y circuitos cerrados de televisión que son colocados fuera de los domicilios de periodistas incorporados al Mecanismo. Además, hasta hace dos años asignaba a las escoltas que acompañan a los comunicadores en riesgo, pero tras diversas quejas por el servicio la instancia federal optó por sustituirlas por integrantes de la Guardia Nacional. Un diagnóstico elaborado en 2018 por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en Espacio OSC, determinó que los botones de pánico de RCU Sistemas eran inservibles, ya que en 11 de 13 casos que se usaron, no funcionaron correctamente.
De acuerdo con el Observatorio de Periodistas de la UNESCO, en lo que va del gobierno de AMLO, 57 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales, al menos 12 estaban en el Mecanismo de Protección y cuatro más buscaron sin éxito ser incorporados por sentirse en riesgo. Además, cada 12 horas se ha registrado una agresión contra comunicadores en el país.
Según los datos del Mecanismo, 39 por ciento de los probables agresores de periodistas en este año son servidores públicos, mientras 33 por ciento son particulares, y otro 26 por ciento no son identificados. Además, la mayoría de las solicitudes de protección registradas en los últimos cinco años se originaron en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.