Por Luis Pinal Da Silva
Pues aunque Usted no lo pueda creer, se está gestando otro “robo en despoblado” en nuestro amado país; se trata de algo que bien podría considerarse una “copia” de la llamada “estafa maestra”.
Ahora tiene que ver con el material electoral que se utilizará el 2 de junio próximo, incluida la impresión de 320 millones de boletas.
Partidos de oposición y algunos integrantes de varios Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), denunciaron en días pasados que existen presiones por parte de la directora de Talleres Gráficos de México (TGM), Maribel Aguilera Chairez sobre los organismos electorales de los estados para que cedan la impresión de su material electoral a los talleres federales.
Hay que recordar que en elecciones anteriores los organismos electorales estatales, contrataban a proveedores locales seleccionados; dicho en forma simple, escogían aquellos que garantizaran calidad, oportunidad y capacidad para producir los materiales que se utilizarían en las elecciones.
Pero ahora inició otra cuestión muy diferente, ya que Aguilera Chairez dijo a una revista que TGM tenía la capacidad para elaborar 300 millones de boletas electorales, a partir de un acuerdo marco que suscribió con el INE y que le ha servido como ariete para presionar a las OPLES para que cedan su producción de material electoral, no solo las boletas, sino las casillas y hasta los crayones.
Quizá haya quienes digan que es una cuestión que no tiene nada de impacto, pero claro que lo tiene, porque la señora es esposa de Antonio Meza Estrada, quien fuera secretario particular del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), hasta el final del sexenio.
Meza regresó a la dirección de la Conaliteg en el 2018, ya en este gobierno, apoyado por el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma.
El asunto es que en el 2021, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Meza Estrada había entregado, desde la Conaliteg, 465 millones de pesos en 13 contratos públicos a dos empresas cuyos accionistas fueron parte de una asociación civil… fundada por él mismo.
En tanto, la Auditoría Superior de la Federación, hizo “observaciones’’ a la Conaliteg por haber entregado contratos millonarios a las empresas Gráficos Corona JE S.A de C.V, cuyo dueño es Juan Sebastián Estrada Hernández, sobrino de Antonio Meza.
Además hizo observaciones por contratos entregados a otra empresa, One to One Solutions S. A de C.V, cuya representante legal es Lucía Azucena Estrada Hernández, sobrina de este singular personaje.
Ahora, por lo menos 22 OPLES – es decir, 22 estados -, han concedido que TGM imprima su material electoral, a pesar de que no se ha demostrado que la empresa federal tenga la capacidad para producirlo.
Lo que se alerta en todo este entramado, es que TGM pudiera estar subcontratando a otras empresas, entre ellas a las de los sobrinos de Meza Estrada, para poder cumplir con los tiempos de entrega del material.
Tal y como ocurrió con la “estafa maestra’’, aunque en esta, se pagó el dinero sin que se concluyeran los estudios u obras presuntamente contratadas.
Como sea, el hecho de que primero se acapare la producción del material electoral y luego posiblemente se subcontrate a terceros, incluso familiares, no deben encender un foco más allá de una posible transa, sino por la seguridad del proceso electoral.
Pero estamos en tiempos de la 4T, donde no avanza el que no transa.