Dicho ilícito será castigado ahora con penas que van de los 10 a los 20 años de prisión.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, aprovechó la presentación de la reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria, para recordar que en la alcaldía. Benito Juárez, se configuró la red delictiva más grande en la capital relacionada con el denominado Cártel Inmobiliario.
Planteó que con la nueva legislación se acotaran los espacios y se frenará la corrupción en el sector inmobiliario, que tanto daña a la comunidad donde se concretan los proyectos ilegales de construcción.
“Se rompe la armonía se provoca el malestar de los vecinos y se cuestiona la seguridad incertidumbre jurídica de los nuevos habitantes de los desarrollos y cuando esto ocurre sistemáticamente se pueden dar fenómenos de desplazamiento social, de gentrificación, de expulsión, de disolución de barrios y de pueblos”, indicó.
“Cuando se permite la construcción masiva de niveles extraordinarios no autorizados por la ley; se reduce la factibilidad y disponibilidad del agua aumenta el costo del suelo el costo de la vivienda, el costo de la renta y los riesgos de protección civil”, detalló.
Batres informó que hoy se publicó dicha reforma en el que se adiciona al artículo 276 del Código Penal Quater para la Ciudad de México, el cual establece las sanciones para el nuevo tipo penal de corrupción inmobiliaria.
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión que permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, por las conductas descritas en este artículo se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos la pena establecida en el párrafo anterior”, detalló durante el anuncio.
Agregó que la pena se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en este artículo produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubino, entre otros
Batres recordó que por el caso del Cártel Inmobiliario, hay más de una docena de órdenes de aprehensión; nueve detenidos; cuatro a la fuga; cuatro sentenciados que a lo largo del juicio aceptaron su responsabilidad.
En suma, 26 exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez involucrados con esta red delictiva y los cuatro sentenciados no sólo aceptaron su responsabilidad, sino que además están pagando la reparación del daño.
Las sanciones por estas conductas también incluyen la del ejercicio abusivo de funciones que va de 5 a 20 años de cárcel y por enriquecimiento ilícito, de 1 a 10 años de prisión.
El Decreto entrará en vigor el día 17 de abril luego de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.