También señalan que la impunidad prevalece en muchos casos, con personas acusadas por delincuencia organizada que son liberadas por decisiones judiciales.
Mediante un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la existencia de desapariciones en el país, pero sostiene que en la actualidad estas no constituyen una política de Estado como ocurrió durante el periodo histórico conocido como “Guerra Sucia” (1951-1990).
El documento titulado “Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU”, la CNDH afirma que, no niega la existencia de desapariciones ni la posibilidad de colusión de autoridades en algunos casos, rechaza que estas sean actualmente sistemáticas o resultado de acciones del Estado.
La CNDH contrarresta lo que califica como señalamientos del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, argumentando que esos señalamientos no corresponden a la realidad porque hoy la desaparición forzada no es sistemática ni mucho menos una política de Estado.
Puntualiza que actualmente la desaparición de personas es mayoritariamente un delito perpetrado por particulares, principalmente por la delincuencia organizada, dentro de la lógica de economía criminal y de la violencia en dinámicas regionales, locales y municipales.
CNDH estableció en un comunicado varios aspectos que caracterizan la situación actual: como que en la mayoría de los casos de desaparición no hay servidores públicos involucrados directamente.
Además señalaron que los responsables de estos delitos son principalmente personas relacionadas con el crimen organizado.
Pero en los casos donde pudiera existir responsabilidad de funcionarios, se trata principalmente de autoridades estatales o municipales, no federales. Además señalaron que existen zonas geográficas específicas donde la desaparición se ha vuelto sistemática debido a dinámicas delincuenciales.
Una proporción significativa de casos actuales son atendidos por las autoridades correspondientes, logrando en muchos de ellos dar con el paradero de las personas desaparecidas.
El comunicado establece una distinción entre la situación actual y lo ocurrido durante la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990), período en el que, según la CNDH, “la represión sí era una política de Estado, e incluía asesinatos, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas”.
La CNDH sostiene que la forma en que ocurre la desaparición de personas ha cambiado de manera sustantiva a consecuencia de la llamada ‘Guerra contra el Narco’ del gobierno de Felipe Calderón”.
También menciona que actualmente las quejas presentadas ante la Comisión relacionadas con desapariciones “se refieren a la garantía del derecho a la búsqueda, al derecho a la justicia, a ser buscado y encontrado, pero no a la participación de servidores públicos, en particular federales, en la desaparición”.
La Comisión reconoce diversos desafíos en la atención a este problema: como que los casos de larga data, presentan complejidades por falta de integración adecuada de investigaciones.
También señalan que la impunidad prevalece en muchos casos, con personas acusadas por delincuencia organizada que son liberadas por decisiones judiciales.
La necesidad de una coordinación institucional para prevenir la desaparición de personas y otros delitos relacionados en el marco de economías criminales sistematizadas e impunes.
La CNDH concluyó su comunicado afirmando que, a pesar de sus diferencias con instancias internacionales, continuará cumpliendo con su responsabilidad como Institución Nacional de Derechos Humanos, incluyendo la atención a solicitudes de información de organismos internacionales.
