El convenio con ANUIES impulsará la capacitación, el intercambio de conocimientos y la colaboración académica para fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la procuración de justicia mediante la formación académica continua, el intercambio de conocimientos y la participación de especialistas.
Durante el acto, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, destacó que esta alianza permitirá incorporar conocimientos jurídicos, científicos, tecnológicos y sociales a las investigaciones criminales, así como aprovechar la experiencia y las herramientas de las instituciones de educación superior para mejorar los procesos de la Fiscalía.
Señaló que este esfuerzo está alineado con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo propósito es impulsar la transformación institucional, fortalecer las capacidades de investigación, mejorar la coordinación y profesionalización del personal, además de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Godoy Ramos subrayó que las universidades desempeñan un papel fundamental en la construcción de instituciones de justicia más sólidas, al contribuir a la formación de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos de todas las personas.
Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia, celebró el acuerdo y destacó la importancia de vincular a las universidades con los procesos de capacitación y actualización de quienes tienen la responsabilidad de investigar delitos y procurar justicia.
Explicó que la colaboración contempla actividades académicas, intercambio de experiencias, participación de especialistas, elaboración de materiales de formación, publicaciones y aprovechamiento de recursos académicos para fortalecer el trabajo de ambas instituciones.
La firma del convenio se realizó en las instalaciones de la ANUIES, en la Ciudad de México, con la participación de representantes de universidades de distintas entidades, autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fiscales especializados y funcionarios de la FGR.
