Se reveló un esquema de fraude mediante plazas irregulares en dependencias del GEM que habría generado un daño millonario al erario.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejercitó acción penal en contra de 33 personas, entre exservidores públicos, funcionarios en activo y particulares, presuntamente involucrados en una red dedicada a la asignación irregular de plazas dentro de la administración estatal, esquema que habría operado desde 2021 y ocasionado un millonario daño al patrimonio público.
Como resultado de las investigaciones, 26 de los imputados ya fueron vinculados a proceso, mientras que 27 fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión y permanecen en prisión preventiva justificada. La situación jurídica de un investigado continúa pendiente de resolución y otros cinco promovieron juicios de amparo.
Las indagatorias iniciaron a partir de denuncias presentadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), luego de detectar 459 movimientos irregulares de alta en plazas docentes asignadas a personas que nunca desempeñaron funciones, bajo el esquema conocido como “aviadores”, quienes cobraban salarios con cargo al erario sin prestar servicio alguno.
Entre los investigados figuran dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, coordinadores, delegados administrativos, directores de área, subdirectores y personal operativo, quienes laboraron en distintas dependencias como las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como en la actual Oficialía Mayor y la SECTI.
La red operaba mediante la utilización indebida de los sistemas administrativos de personal para registrar altas con expedientes incompletos o sin cumplir los requisitos legales, asignando a los supuestos docentes a planteles educativos inactivos con el propósito de evitar que fueran detectados.
Las pesquisas también permitieron identificar la participación de personas encargadas de reclutar familiares y conocidos para ocupar las plazas ficticias. Posteriormente, las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios permanecían bajo control de los operadores del esquema, quienes retiraban los recursos y distribuían únicamente una pequeña cantidad a los titulares de las cuentas, mientras el resto era repartido entre los presuntos responsables.
La FGJEM estima que tan solo entre enero de 2025 y febrero de 2026 esta red obtuvo de manera ilícita más de 96 millones de pesos, cifra que podría incrementarse si se acredita que el mecanismo operó de forma continua desde 2021. Además del beneficio económico inmediato, varios de los implicados presuntamente se asignaron plazas con fines de obtener futuras prestaciones laborales y derechos jubilatorios.
Los imputados enfrentan cargos por los delitos de fraude y abuso de autoridad, ilícitos que, de acreditarse plenamente, podrían derivar en penas que aumentarían conforme al número de conductas atribuidas a cada uno de los involucrados.
La Fiscalía del Estado de México señaló que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles responsables y determinar el alcance total del presunto esquema de corrupción que afectó la administración pública estatal.
