El programa vinculará al Poder Judicial, la academia y la abogacía para brindar asesoría y representación jurídica gratuita y de calidad a personas en situación de vulnerabilidad.
El Poder Judicial del Estado de México presentó la Alianza Pro Bono, iniciativa que busca ampliar el acceso a la justicia de personas que enfrentan barreras económicas mediante una red de colaboración con profesionales de la abogacía y la academia.
Durante la presentación, el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, destacó que el programa parte de la necesidad de garantizar que las personas no sólo tengan acceso a los tribunales, sino también a una representación jurídica profesional y efectiva.
Macedo García llamó a las y los abogados mexiquenses a sumarse a esta iniciativa y contribuir, desde su ejercicio profesional, a reducir las desigualdades en el acceso a la justicia. Informó que el próximo 25 de agosto se realizará una reunión general con integrantes del gremio para analizar propuestas y necesidades relacionadas con la alianza.
En representación de la comunidad jurídica, Agustín Flores Jaimes, presidente del Consejo Directivo de la Barra de Abogados del Estado de México A.C., manifestó la disposición de asociaciones, barras y colegios para participar en el programa y poner sus conocimientos y experiencia al servicio de quienes más lo necesitan.
El secretario técnico del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Virgilio Jaramillo Rojas, explicó que la estrategia contempla la creación de un Registro de Abogados Pro Bono, integrado por litigantes interesados en brindar asesoría, representación, patrocinio y defensa jurídica sin costo.
Las y los profesionales interesados podrán registrarse mediante una cédula disponible en la plataforma electrónica institucional. Una vez validados sus datos, formarán parte del registro que será publicado en el sitio oficial del Poder Judicial y podrá ser compartido con asociaciones, barras y colegios de abogados.
La Alianza Pro Bono contempla como principios la gratuidad estricta y sin condiciones, confidencialidad, secreto profesional, prevención de conflictos de interés, diligencia, continuidad y responsabilidad social, además de la promoción de los derechos humanos y la cultura Pro Bono.
