Ambas instituciones firmaron un convenio que contempla capacitación y certificación de personal judicial.
El Poder Judicial del Estado de México y el Colegio de Notarios de la entidad sumaron esfuerzos para fortalecer la prevención de la corrupción y el lavado de dinero, mediante un convenio de colaboración que contempla la capacitación y certificación de juezas, jueces y personal judicial.
El acuerdo fue firmado por el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, y Víctor Humberto Benítez González, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios.
Entre los objetivos del convenio se encuentran implementar programas de capacitación y certificación de competencias laborales, promover protocolos de actuación y buenas prácticas de debida diligencia, así como compartir la experiencia del Colegio de Notarios en materia de certificación y evaluación de competencias.
Durante una primera etapa, 55 servidores públicos judiciales recibirán capacitación y certificación en áreas relacionadas con la evaluación de competencias, atención ciudadana en el sector público y desarrollo de procesos notariales vinculados con actividades vulnerables.
El magistrado Héctor Macedo García señaló que esta preparación busca fortalecer las capacidades del personal y convertir el convenio en resultados concretos para la ciudadanía, particularmente mediante mejores prácticas que contribuyan a brindar mayor seguridad y certeza jurídica.
Por su parte, Fernando Díaz Juárez destacó que la colaboración permitirá sumar capacidades institucionales para prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero, combatir actos de corrupción y reducir riesgos que puedan afectar la integridad de las instituciones.
Víctor Humberto Benítez González resaltó que la prevención requiere identificar a las personas usuarias y beneficiarias reales de los actos y operaciones, documentar la información y detectar oportunamente posibles señales de alerta, siempre con base en evidencia verificable.
Ambas instituciones fortalecen la cooperación interinstitucional y la profesionalización de sus integrantes, con el propósito de impulsar una actuación más transparente, responsable y orientada a la protección de los derechos y la certeza jurídica de las y los mexiquenses.
