Las órdenes de aprehensión contra Rosario Robles estaban relacionadas con la llamada Estafa Maestra.
El Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Toluca, Estado de México, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, canceló la orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en contra de Rosario Robles.
Estos mandamientos judiciales fueron otorgados por un Juez de Control, con sede en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en noviembre de 2020, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de aprehensión estaban relacionadas con la llamada Estafa Maestra, un presunto desvío de recursos desde las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de las Robles fue titular.
De acuerdo con la resolución, el Juez de Amparo, Ordóñez Gutiérrez consideró que los criterios para ordenar la captura de Robles fueron excesivos y violatorios a los derechos de la imputada, quien en ese momento se encontraba localizable y sin riesgo de fuga.
En el momento que se giraron las órdenes de captura, la ex funcionaria federal permanecía detenida en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.
Además, el juez de Amparo indicó que el Ministerio Público Federal no presentó argumentos claros para solicitar la detención de Robles por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los argumentos no son claros, no se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ningún ilícito, aunado a que no se precisó en qué datos de prueba están soportadas cada una de las valoraciones que hizo el juez ni la valoración de estos. Incluso se observa que existen afirmaciones contradictorias”, resolvió el juez Ordóñez Gutiérrez.
El 19 de agosto del año pasado, un juez ordenó la libertad provisional a favor de Robles, para que siguiera su proceso en libertad, luego de permanecer tres años recluida en Santa Martha, desde el 13 de agosto de 2019.
La Estafa Maestra es un presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos desde la Sedatu y Sedesol, con instituciones educativas del Estado de México, Hidalgo y Morelos, entre otras.
Fuentes de la FGR informaron que el órgano autónomo ya presentó un recurso de revisión, ante un Tribunal Colegiado, tras la resolución del Juez de Amparo, para que se determine si se confirma, revoca o modifica la sentencia.
