Aumentaría la penalidad de tres a 13 años de cárcel la sanción que actualmente es de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa.
Con el fin de elevar las sanciones por el delito llamado “derecho de piso”, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México propuso elevar la pena de 13 años de prisión a aquellos delincuentes que ejerzan esta forma de extorsión. La propuesta busca que se adicione un párrafo tercero al Artículo 390 Código Penal Federal, para aplicar dicha penalidad cuando el delito se cometa.
El presidente de dicha comisión, diputado Nazario Norberto Sánchez, explicó que “las penas previstas en el primer párrafo del presente artículo se agravarán hasta dos terceras partes cuando la o las víctimas sean personas empresarios o comerciantes formales o informales o personas relacionadas con esta actividad”; es decir, aumentaría la penalidad de tres a 13 años de cárcel la sanción que actualmente es de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2022) en 2021 se cometieron 829 mil delitos de extorsión, que representa una tasa de mil 744 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas, pero, además del total de delitos de extorsión, 67.6 mil corresponden a delitos de extorsión en calle o establecimientos.
En 2021 se denunció un 11.4% de los delitos, de los cuales 74.4% llevó al inicio de una carpeta de investigación ante el ministerio público. Sin embargo, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en un 8.5% de los casos, los cuales representa un 91.5% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Mientras que los Datos Económicos y Sociales de la CDMX, elaborado por la Coparmex local, refieren que la extorsión se incrementó un 30.8% en lo que va de 2023.
El diputado local expuso que la propuesta de iniciativa se refiere a la forma de extorsión que exige “derecho de piso”, porque se mantiene latente, y está afectando severamente la integridad física, psicológica y económica de los ciudadanos, no solo de la capital, sino del territorio mexicano, ya que la intimidación es la forma en la que se coacciona a los comerciantes a fin de obtener un lucro.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la CDMX recalcó que esta conducta delictiva se mantiene porque una de las razones principales es el vacío legal que existe con relación a esta modalidad, convirtiéndose entonces en una cifra negra, debido a que las víctimas temen a las repercusiones que esto puede traer para ello o sus familias.
“Es imperante señalar que, en la capital del país, desde los inicios de esta nueva forma de extorsiones, es cometida por diversos cárteles, y es por lo anterior, que aunque el suscrito ya presentó una iniciativa en la capital de nuestro país, es importante que unamos esfuerzos para llevar a cabo una reforma al Código Penal Federal a fin de extender y atender esta preocupación en todo el país”, señaló el legislador ante la comisión.
La propuesta se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.