Organizaciones señalan que durante la actual administración se ha incrementado la estrategia de militarización de la seguridad pública, apunta un reporte de más de 300 organizaciones.
Más de 300 organizaciones nacionales e internacionales emitieron este martes 18 informes con recomendaciones para revertir la “alarmante crisis en materia de derechos humanos” en México que “se ha profundizado” desde 2018, cuando asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las organizaciones civiles, que conforman el Colectivo EPUMX, presentaron estas recomendaciones de cara al cuarto examen periódico universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
“Desde hace décadas, México enfrenta una alarmante crisis en materia de derechos humanos que, lejos de atenuarse, se ha profundizado, particularmente desde el tercer ciclo del EPU, efectuado en noviembre de 2018, periodo que coincide con un cambio en la Administración federal”, destaca el reporte general.
Los informes temáticos buscan revelar la situación que aqueja a distintos sectores, como la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, las mujeres, la migración, el desplazamiento y desapariciones forzadas, la militarización, pueblos indígenas, y la comunidad LGBTI+.
También exponen la situación de personas privadas de la libertad, con discapacidad, la tortura, el seguimiento a recomendaciones internacionales, el sistema penal e impunidad, la niñez, adolescencias y juventudes, la protesta social, y población afromexicana.
“Consideramos que es una oportunidad para analizar la situación de derechos humanos en cada país y emitir recomendaciones que puedan revertir la situación que actualmente persiste”, indicó Mario Hurtado de Espacio OSC.
Contrastó que, pese a los esfuerzos, las violaciones a derechos humanos persisten y las políticas públicas que ha adoptado el Gobierno mexicano han sido insuficientes, por lo que “lastimosamente, muchas de esas problemáticas (de derechos humanos) no se han logrado revertir”.
Angélica de Anda, de Amnistía Internacional, enfatizó que México “está enfrentando una crisis alarmante en materia de derechos humanos caracterizada por factores estructurales e históricos como la desigualdad, la corrupción y la impunidad la violencia y el cierre del espacio cívico”.
La activista detalló que en los últimos cinco años, en el mandato de López Obrador, se ha incrementado la estrategia de militarización de la seguridad pública y las tareas de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles, sin que se reduzcan las grandes cifras de homicidios ni las acusaciones contra los cuerpos castrenses.
“Esto ha implicado también un aumento del 163 % de los recursos presupuestales (de las Fuerzas Armadas) en un contexto donde tristemente estas instancias continúan siendo opacas, no rinden cuentas, utilizan el fuero militar para investigar violaciones a derechos humanos”, abundó.
Además, detalló que la situación de violencia generalizada en México se agrava en zonas del país, así como los niveles de corrupción y colusión que propician la impunidad.
Por ello, el informe general, que se presentará para la cuarta EPU, plantea al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que iniciará su evaluación en enero de 2024, que considere en su balance la persistencia y agudización de algunas de las cuestiones abordadas en las recomendaciones de los 18 informes elaborados por EPUMX.
En el tercer EPU, de 2018, se emitieron 264 recomendaciones, de las que México aceptó 262, aunque muchas quedan pendientes y se sumarán más, sostuvieron.