CEMDA informa que el Ayuntamiento de La Paz ha hecho lo posible por no asumir la responsabilidad de la calidad del aire en el municipio.
El Ayuntamiento de La Paz continúa ignorando la orden judicial sobre contaminación del aire, priorizando evasión de responsabilidad sobre acciones, sostuvo Mario Sánchez, director de la oficina regional noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Explicó que desde el año 2021, la ciudad de La Paz se encuentra inmersa en una batalla legal centrada en la calidad del aire, con un grupo de ciudadanos y el Observatorio Ciudadano como protagonistas de una demanda de amparo presentada ante el poder judicial federal.
La denuncia, respaldada por el Observatorio Ciudadano, acusa al XVII Ayuntamiento de La Paz, a cargo de Milena Quiroga Romero, de incumplir sus obligaciones en materia de calidad del aire, especialmente en lo que respecta al monitoreo, inventario de emisiones y transparencia sobre los niveles de contaminantes en la ciudad.
El proceso legal ha llevado más de dos años, transitando por diferentes instancias judiciales. A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por eludir responsabilidades, un tribunal federal finalmente falló a favor de los demandantes, ordenando al Ayuntamiento la implementación de una política integral en materia de calidad del aire. La sentencia, emitida en 2023, estableció plazos para su cumplimiento, los cuales aún no han sido satisfechos por la administración municipal.
Entre las obligaciones impuestas al Ayuntamiento se encuentra la creación de inventarios de fuentes móviles, monitoreo de emisiones y la transparencia en información de calidad ambiental. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha cumplido con estas disposiciones, y no ha habido señales claras de compromiso por parte de las autoridades municipales.
Mario Sánchez comentó que a pesar de que la sentencia se emitió en 2023, hasta la fecha no se ha cumplido con dicha resolución. La respuesta del Ayuntamiento de La Paz, fue mencionar un convenio de colaboración con el gobierno estatal para la adquisición de una caseta, sin embargo esto no ha sido suficiente para que el juez considere cumplida la sentencia, ya que esta medida no aborda el problema en su totalidad.
“La instalación de una caseta funciona como una herramienta para medir diversos contaminantes, incluyendo partículas, carbono, azufre y dióxido de nitrógeno, pero es solo una pieza del rompecabezas. Esta medida no resuelve completamente la complejidad del problema de la contaminación del aire”.
Aunque reconoció que la formulación de políticas públicas demanda tiempo, señaló que la falta de voluntad evidente por parte de las autoridades municipales para abordar la cuestión es motivo de preocupación.
Finalmente mencionó que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia podría acarrear consecuencias legales para el Ayuntamiento. Desde multas hasta medidas más severas, aunque la duración exacta de este proceso es incierta, enfatizó en la importancia de abordar de manera efectiva y oportuna las responsabilidades dictaminadas por la justicia para garantizar un ambiente más saludable y seguro para la comunidad.