José Guadalupe Robledo Guerrero
En todo el país se ha acrecentado la corrupción en los entes autónomos, no sólo en los organismos constitucionales autónomos como son llamados, sino también en las universidades públicas, en muchas de las cuales sus autoridades han aprovechado el carácter de autónomo para desviar recursos y evadir las responsabilidades y por mal uso de los presupuestos e incluso hacer fraudes como el de la famosa “estafa maestra”. Uno de los ejemplos de lo anterior es la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) que se encuentra sumida en una enorme crisis financiera debido a los desvíos y desfalcos que ha padecido por parte de sus autoridades durante los últimos años, que no han tenido consecuencias debido a la complicidad de nuevas autoridades universitarias.
La UAdeC se encuentra sumida en una de las mayores crisis financieras de su historia, saqueada durante décadas y ahora con un rector que no le interesa corregir el rumbo y prefiere perder el tiempo haciendo giras para tomar protesta a sociedades de alumnos y directores, organizar medios maratones y pláticas de influencers para atontar a jóvenes; además de pagar cientos de miles de pesos a una empresa para que le hicieran un nuevo logo, copiando los de las universidades de EUA, y dedicado a subir videos a redes sociales para fingir que trabaja; aunado a que el rector desconoce el término “Autonomía” e insiste en portarse como un director de instituto municipal de la juventud priísta. Al día de hoy, grupos de alumnos, trabajadores y maestros se muestran molestos, debido al saqueo sistemático, al abandono de las escuelas, los abusos de funcionarios y la pésima gestión de los últimos rectores, incluido a Pimentel.
Esto incluye el enojo que hay por el recorte de sueldos de empleados de menor rango y las pésimas condiciones en que se encuentran las escuelas y facultades que carecen de lo básico, como agua o papel higiénico, y por los engaños y simulación del rector que prometió combatir la corrupción, denunciar a los exfuncionarios ladrones y dotar de lo mínimo a las escuelas. Además, acusan que rector Octavio Pimentel no sólo no denunció a los saqueadores, sino que los incorporó a su equipo y siguen con las viejas prácticas del derroche de recursos.
Desde febrero del 2024 en que Octavio Pimentel inició su gestión al frente de la UAdeC, recibió las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Auditoría del Estado (ASE), donde se señalan los desfalcos hechos en los últimos ocho años por los rectores, tesoreros y funcionarios de la Universidad en perjuicio de ésta. Esas observaciones de auditorías no solventadas van desde facturas falsas, obras infladas, pago de aviadores y de personal que no comprueba su sueldo ni compensaciones.
En mayo de 2024, Octavio Pimentel se reunió con las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), le entregaron las auditorías y le pidieron denunciar a los responsables de los desvíos. Pimentel se lavó las manos y no hizo las denuncias correspondientes, diciendo que “no podía denunciar porque así se lo ordenaron del gobierno del estado”. Pimentel recibió las auditorías de la ASF donde señalan el dinero desviado y el perjuicio causado; tan sólo en algunas auditorías como la 149-DS, 137-DS, 169-DS y consecutivas sobre “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” que van desde el año 2018 al 2022 textualmente consignan el “Probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal o en su caso, a la cuenta bancaria de la Federación, (por los montos señalados) más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro por un monto de $2,235,065,292 (más de dos mil doscientos treinta cinco millones de pesos) en total por comprobar.
En estas auditorías no solo se señala la no comprobación de los recursos, sino que también especifica el no pago del Impuesto Sobre la Renta al SAT, y el no pago de las cuotas del IMSS, lo que constituye delitos federales graves que ameritan pena de cárcel y fraude al fisco.
En la UAdeC, además de utilizar factureras para desviar recursos y pagar compensaciones ilegales, consultorías inexistentes, tiempos completos dobles, obras infladas y aviadores, también cometieron delitos federales los cuales no han sido denunciados por el rector, a su vez, constituye en un delito federal y una complicidad. A pesar de que sólo el titular de la rectoría es el que está facultado para hacer estas denuncias, Pimentel no las ha hecho aún y cuando los auditores de la ASF le solicitaron que se actué contra los presuntos responsables.
Otras de las auditorías que recibió Octavio Pimentel fue la de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del año 2018 al 2021 por un monto total de recursos no comprobados de $2,725,000 millones de pesos (más de dos mil setecientos millones) por las cuales la misma auditoría interpuso denuncias ante la Fiscalía General del Estado en el año 2022, pero por la omisión de las denuncias por parte de autoridades universitarias y la protección de altos funcionarios, dictaron el no ejercicio de la acción penal contra los responsables en una de esas denuncias. En esa carpeta de investigación No. FGE/FEH/DGP/469 y en las ortras denuncias ante la Fiscalía se señala como “Presuntos responsables: Salvador Hernández Vélez y Jorge Alanís Canales; por los delitos de Peculado, Ejercicio abusivo de funciones en modalidad de aplicación distinta de fondos públicos; Ejercicio abusivo de funciones en modalidad de pagos ilegales; Tráfico de influencias.”
Ante la falta de capacidad de gestión, la mala imagen de las autoridades universitarias y el semáforo rojo en que se mantienen las finanzas ante la Gobierno Federal, hay que sumar que las autoridades de la UAdeC tampoco han seguido los lineamientos y recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública Federal y las Comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara de Diputados contenidas en el documento Temas Prioritarios de Educación Superior de México (del cual tengo copia), enviado a las universidades públicas del país en donde destacan la urgente necesidad de mejorar la gestión de recursos y el combate a la corrupción y donde incluyen los ejes de “transparencia, racionalidad, austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos” y sugieren la “eliminación de personal de honorarios, evitar nuevas contrataciones y realizar auditorías de plazas; no compra de vehículos nuevos ni vales de gasolina…” que es justo lo que hizo Octavio Pimentel apenas tomó protesta en febrero 2024 al comprar una flotilla de vehículos SUV de lujo para él y su círculo cercano incluyendo a su pareja sentimental, que es alta funcionaria de la Universidad, también hizo nuevas contrataciones de personal, donde se incluyen familiares del rector y de funcionarios universitarios.
La UAdeC no pudo recibir una ampliación presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 por las observaciones no solventadas y por la falta de transparencia de la Universidad; pero el rector Pimentel al interior de la Universidad, en medios y mesas de restaurantes sigue culpando a las autoridades federales por no darle más recursos, incluso en medios locales lleva un año repitiendo que los problemas financieros de la UAdeC son por culpa del Gobierno Federal, primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, “por los recortes que le han hecho y recursos que no le han entregado”, aunque las pruebas y auditorías demuestren que es por los desvíos y saqueo que ha padecido y que sigue en la Universidad.
El rector también culpa ante quien lo quiera escuchar que su falta de recursos es porque “el gobierno estatal le debe le debe 800 millones de pesos”, hecho que salió a desmentir la Secretaría de Finanzas el pasado mes de noviembre. Los encargados de esparcir los dichos de Pimentel en todos los círculos académicos, políticos y periodísticos son sus principales funcionarios, los cuales en su gran mayoría fueron también funcionarios del anterior rector Salvador Hernández Vélez, que en su rectorado se registró el mayor saqueo de la Universidad.
La comunidad universitaria cuestiona cada vez con más frecuencia porqué el rector Octavio Pimentel en vez de hacer auditorías de plaza para encontrar a los aviadores que dejaron sus antecesores, e identificar los desvíos y negocios de exrectores y funcionarios universitarios que tienen en bancarrota a la UAdeC, se la pasa estar organizando medios maratones, juegos y subiendo videos jugando a la sociedad de alumnos. La respuesta está en lo que se rumora al interior de la propia Universidad: que Pimentel ya dio de alta a decenas de aviadores entre los que se encuentran amigos, novias de amigos, familiares, choferes y asistentes de funcionarios.
Lo cierto también es que el rector Octavio Pimentel cree que la SEP federal, la ASF, la Procuraduría Fiscal y el SAT no saben de la situación financiera y fiscal de la UAdeC, y de la protección que le da a los saqueadores.
