Señalaron que la corrupción y la ineficiencia administrativa son factores para impulsar la violencia en México.
El Instituto para la Economía y la Paz presentó un informe en donde señaló que el impacto económico de la violencia en México aumentó el año pasado por primera vez desde 2019 y alcanzó los 245 mil millones de dólares, el equivalente al 18% del Producto Interno Bruto del país
En el documento se muestra un panorama preocupante para México donde la violencia en la última década ha crecido, se mantuvieron la corrupción y la impunidad y faltaron recursos en áreas clave para promover la paz.
Un claro ejemplo es del gasto en seguridad pública y en el sistema de justicia penal, que en 2024 fue equivalente al 0.7% de su PIB, menos de la mitad del promedio de América Latina.

También indicaron en el informe la corrupción y la ineficiencia administrativa se han convertido en factores clave que impulsan la violencia en México, porque que contribuyen a la impunidad y limitan los recursos disponibles para combatir el crimen.
En el documento también se destacó las mejoras en la distribución de los recursos, lo que contribuye a la paz, pero un empeoramiento en cuestiones de transparencia gubernamental.
De acuerdo a las cifras oficiales, la tasa nacional de homicidios en la última década aumentó un 55% y pasó de 15 a 23 muertes por cada 100.000 habitantes.

Ese incremento se debió a una mayor acción de los cárteles del narcotráfico, ya que los asesinatos vinculados con el crimen organizado se multiplicaron por seis, pero no hubo cambios en el resto de los homicidios.
En 2021 y 2022 se presentó un pico de homicidios en al menos 8 de los 32 estados, pero en 2024 las cifras lograron reducirse.
También señalaron en el informe que en la última década crecieron más del 70% los delitos con armas de fuego, las extorsiones aumentaron un 45% y también se multiplicaron las cifras de desaparecidos, aunque hace 10 años no había un registro público donde visualizarlas como sí hay ahora.

Pero también expresaron su preocupación por la primera convocatoria que se llevará a cabo para elegir a los jueces en las urnas, el próximo 1 de junio, que podría hacer al sistema judicial más vulnerable a la influencia política, socavando su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y conforme al Estado de derecho.
Indicaron que México cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una cifra equivalente a una cuarta parte del promedio mundial. En la última década, además, el gasto en el sistema de justicia se redujo un 12%.
Señalaron que hubo una disminución en los fondos destinados a la seguridad pública, que disminuyeron un 30%, aunque el gasto destinado a las Fuerzas Armadas encargadas de tareas de seguridad, pero también de otras muchas labores como la construcción y gestión de grandes infraestructuras aumentó desde la anterior administración y en 2024 alcanzó su nivel más alto desde 2008.