Las disposiciones fortalecen los controles para Actividades Vulnerables e incorporan un enfoque basado en riesgos para detectar operaciones ilícitas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con las que se fortalece el régimen nacional de prevención del lavado de dinero.
Las disposiciones forman parte de la implementación de las reformas a la LFPIORPI y a su Reglamento publicadas en 2025 y 2026, respectivamente, y establecen criterios más precisos para el cumplimiento de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, así como para la supervisión y verificación por parte de las autoridades.
Uno de los principales cambios es la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector. Bajo este modelo, los sujetos obligados deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos relacionados con sus clientes, usuarios, operaciones, productos, servicios y zonas geográficas.
Las nuevas reglas también fortalecen los mecanismos de conocimiento del cliente o usuario, identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, además de establecer mayores controles internos, conservación de información y presentación de avisos.
Asimismo, la SHCP aplicará un esquema de supervisión basado en riesgos, concentrando sus acciones en los sectores y actividades con mayor exposición a ser utilizados para operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
El nuevo marco contempla un modelo de cumplimiento proporcional, de manera que las obligaciones y medidas de supervisión consideren el nivel de riesgo de cada actividad. Su entrada en vigor será gradual, con el objetivo de permitir que los sujetos obligados actualicen sus procesos y desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones.
Con estas medidas, la Secretaría de Hacienda busca fortalecer los mecanismos nacionales de prevención y combate al lavado de dinero, en concordancia con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con la protección de la integridad del sistema financiero.
