Miguel Hidalgo fortalece acciones contra el despojo abriendo módulo de atención para víctimas

La alcaldía brindará orientación y acompañamiento a vecinos afectados o en riesgo de perder su patrimonio, en coordinación con la Fiscalía capitalina.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció la instalación de un módulo de atención para orientar y acompañar a las vecinas y vecinos que hayan sido víctimas del delito de despojo o que se encuentren en riesgo de perder su patrimonio.

A partir del lunes 10 de agosto, el módulo opera en la explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de 9:00 a 14:00 horas, donde las personas afectadas podrán recibir información sobre las acciones que pueden emprender y apoyo para canalizar sus casos ante las autoridades correspondientes.

Tabe señaló que el despojo constituye un delito que debe combatirse con firmeza y aclaró que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar los casos, asegurar los inmuebles y sancionar a quienes resulten responsables.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a orientar a nuestros vecinos y a llevar sus casos ante la Fiscalía para que les hagan caso y podamos defender su propiedad”, afirmó.

El alcalde agregó que durante los miércoles ciudadanos habrá personal encargado de atender directamente a quienes enfrenten un caso de despojo o hayan recibido amenazas relacionadas con su propiedad.

La alcaldía precisó que su función no sustituye las atribuciones de la Fiscalía, pero sí busca brindar acompañamiento y orientación a las víctimas para evitar que enfrenten solas procesos que puedan poner en riesgo el patrimonio construido durante años.

De acuerdo con datos del portal de Datos Abiertos de la Fiscalía capitalina, Miguel Hidalgo registra una tasa de 19.8 casos de despojo por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas entre las demarcaciones de la Ciudad de México.

Como parte de las acciones preventivas, la alcaldía mantiene controles en sus procedimientos administrativos para verificar que propietarios y poseedores acrediten legalmente su relación con los inmuebles mediante documentación correspondiente, como escrituras públicas debidamente formalizadas.

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