Por: J. Alejandro Robledo F.
¿Cómo le explican a los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia que su facultad está en medio de un pleito del rector de la UAdeC contra el director por haberle disputado la candidatura a esa rectoría? ¿O cómo le explican a un estudiante de derecho en su primer semestre, que la facultad encargada de formarlo en la legalidad, en la procuración y en la impartición de justicia quiere ser dirigida por quien durante veinte años ha justificado y pedido silencio sobre un atentado a balazos contra un periodista?
Soy egresado de Jurisprudencia y lo que está pasando ahí no me es ajeno, como tampoco lo debería ser para todos los que ahí hicimos la carrera y que tenemos, al menos, la obligación moral de denunciarlo.
“Juris” siempre ha sido una facultad difícil de gobernar: produce pensamiento crítico, litigantes, jueces y políticos, y tiene una tradición de formación de abogadas y abogados que no se dejan imponer nada. Quizá por eso el rector Octavio Pimentel, que es visto dentro de la propia universidad como una autoridad sin base ni luces propias, nunca logró tener control real sobre ella. Y ahora, sin poder ganarla con votos, la quiere ganar por la vía de operadores, campañas de desprestigio contra sus opositores y presión desde rectoría a favor de una candidata.
Pero detrás de esta elección no sólo hay ambición institucional, también hay un pleito personal entre el rector Octavio Pimentel y el director Alfonso Yáñez Arreola que, por parte del primero, ya se volvió un tema de venganza. El origen tiene dos vertientes: por un lado la disputa por la candidatura a rector en 2023; por otro, una denuncia por violencia de género en contra de Pimental, que se hizo pública y que incluso llegó a medios nacionales, y que éste atribuyó a Alfonso Yáñez calificándola de “conspiración”, para limpiar su imagen justo en vísperas de la elección.
La candidata de rectoría y su equipo cercano
Por otro lado, en esta elección está la doctora Marisol Díaz Valencia, activista priísta y exdiputada suplente que llevaba años sin ser considerada por su partido para nada más allá de hacer campaña. Fue Alfonso Yáñez quien hace ocho años la invitó a su equipo y también a su esposo, Alberto Campos Olivo, con una trayectoria de puestos menores en el sector público, entre ellos un cargo como juez del que fue suspendido por prevaricación. No se trata de demeritar la carrera de Marisol Díaz atándola a la de su esposo -eso sería misógino-, sino de mostrar que además de esposos, son equipo y que comparten un grado de complicidad en la búsqueda de puestos.
Cuando Yáñez fue elegido director de Jurisprudencia en 2020 la nombró coordinadora de enseñanza en línea y a Campos Olivo le inventó la coordinación de “innovación”. Desde ahí siguieron operando juntos en campañas políticas. El distanciamiento de la pareja con Yáñez Arreola se dio el año pasado. Cuentan quienes estuvieron ahí que Marisol Díaz y Campos Olivo le pidieron a Yáñez que los respaldara para la dirección. Él se negó diciendo que también tenía simpatía por otros perfiles, entre ellos Óscar Nájera Davis y Sofía Hernández, y que no podía decantarse por uno. Marisol no se quedó satisfecha: buscó al rector y le ofreció ser su leal operadora dentro de Jurisprudencia. Desde entonces la rectoría la apoyó y empezó una campaña de desprestigio contra los otros perfiles que pudieran contender.
Después de ello, Díaz Valencia también comenzó una campaña adelantada y una de críticas estilo politiquero, en contra del la dirección en la que ha trabajado los últimos 6 años y en donde se le veía muy cómoda cobrando y beneficiándose. Por ejemplo: empezó a hablar de los tabuladores desiguales entre docentes y personal administrativo, y son los mismos sueldos altos de los cuales ella y su esposo se siguen beneficiando. O de los cursos de inducción, que no deberían existir porque son utilizados por las escuelas de la Universidad como cuotas ante la falta de presupuesto, hecho normalizado por la propia rectoría, y los cuales ella impartió y cobró su participación.
Hay una anécdota que retrata la fama que tienen Marisol Díaz y su esposo, y paradójicamente proviene del propio rector Pimentel cuando estaba en campaña. En enero de 2024, un grupo de alumnas de Jurisprudencia lo confrontó en la explanada por señalamientos personales en su contra; Octavio, para salir al paso, las convocó en el espacio llamado “Ágora” frente a la facultad donde recibió todo tipo de reclamos y cuestionamientos; yo acompañé a algunos eventos de campaña al entonces candidato Pimentel, por invitación de él, y al retirarnos, muy molesto me dijo, frente a otro par de personas, que aquello había sido “una emboscada de Poncho (Yáñez) y Marisol (Díaz)” y remató señalando que quien organizó las preguntas fue “la esposa del pinche sicario”. Así se refirió a Marisol Díaz y a Campos Olivo el mismo rector que hoy la respalda para dirigir una facultad de derecho.
Quién es Campos Olivo y en qué atentado participó
Campos Olivo, esposo de Marisol Díaz, y su actual coordinador de campaña para directora de Jurisprudencia, está señalado desde hace treinta años por un atentado armado contra un periodista: mi padre, José Guadalupe Robledo Guerrero, quien lo documentó por escrito y ante la autoridad. La noche del 10 de junio de 1995 un vehículo en movimiento disparó contra el automóvil de la familia estacionado frente a nuestra casa. Un velador que presenció la agresión anotó las placas y reconoció el vehículo, cuyo registro estaba a nombre del padre de Campos Olivo, ya entonces fallecido. El testigo y otro vecino también reconocieron a uno de los tiradores: era Campos Olivo, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de acuerdos en un juzgado penal local. El relato ha sido documentado en innumerables ocasiones por distintos medios y por la propia víctima en sus columnas (link: “Sicario aspirante a Consejero del IEC“).
La agresión llegó después de que mi padre criticara públicamente al procurador del estado en turno. La investigación fue obstaculizada desde la propia Procuraduría hasta que mi padre exigió que retiraran al agente asignado, pero el expediente se archivó. Nunca hubo sentencia y Campos Olivo siguió su vida sin consecuencia alguna protegido por la procuraduría. Más tarde llegó a ser juez, cargo del que, como dije antes, fue suspendido por prevaricación. Después se dedicó a buscar puestos menores en campañas políticas y a buscar integrarse a organismos públicos, inscribiéndose a cuanta convocatoria se abriera con la ayuda de su esposa que le cabildeaba apoyos.
Marisol Díaz sabía de los antecedentes
Marisol Díaz en al menos cinco ocasiones distintas a lo largo de los años buscó a mi padre, y siempre de forma respetuosa le pidió que dejara de mencionar lo ocurrido, insistiendo en que “había una confusión” y en que la acusación ya había afectado profesionalmente a su esposo. De forma también respetuosa, mi padre le respondía que su esposo fue reconocido por testigos y que el auto era de él.
La última vez que Marisol Díaz buscó a mi padre fue cuando Campos Olivo intentaba, otra vez, ser consejero electoral propietario del Instituto Estatal, después de haber sido consejero suplente del IEPCC en 2013. Ante la insistencia de mi padre en decir que estuvo involucrado, ella misma le dijo que “fue un error de juventud” y que “había sido obligado”. Es decir: aceptó con esas palabras que su esposo fue uno de los agresores y lo justificó por su edad.
Hay que decirlo con toda claridad para que no se lea como lo que no es: Campos Olivo es responsable de sus propios actos, no su esposa por el hecho de serlo. No se le debe juzgar a ella por lo que él hizo; pero sí es responsable de haber solapado, justificado y exigido silencio durante veinte años, sobre un atentado con arma de fuego contra un periodista. Eso es un acto de ella, repetido y sostenido en el tiempo. No la convierte en cómplice por asociación: la convierte en cómplice por sus propias palabras y acciones.
Lo que se documentó ante el INE
En al menos tres ocasiones en que Campos Olivo se registró ante el INE para ser consejero electoral, tuve oportunidad, por mi actividad profesional en la Ciudad de México, de entregar personalmente a distintos consejeros, consejeras y directores del instituto el expediente completo del caso: denuncias, peritajes, testimonios y las cartas públicas de mi padre. El Instituto siempre recibió la documentación completa antes de entrevistar a los aspirantes y realizó investigaciones profundas sobre Campos Olivo.
Durante una de esas entrevistas, el consejero Ciro Murayama le planteó directamente a Campos Olivo: “hay una acusación muy delicada de un periodista de nombre José Guadalupe Robledo de El Periódico de Saltillo, ¿qué tiene que decir al respecto?”. Campos Olivo sonrió con risa nerviosa y respondió que, casualmente ese día había ido a visitar a un amigo que vivía en esa calle, con quien salía a pasear. Yo viví veinte años en esa misma calle y jamás coincidí con nadie de la facultad. También riendo, dijo que no conocía al señor Robledo ni sabía quién era. Resulta extraño, porque durante años su esposa, Marisol Díaz, le pidió a mi padre que ya no mencionara el tema ni la acusación contra su esposo, porque le afectaba públicamente. (El video de la entrevista con sus respuestas absurdas lo subiré a una plataforma pública.)
Notas al margen
La elección
Enfrente de esta pareja, está el exmagistrado Óscar Nájera Davis, catedrático que desde que yo fui estudiante, era uno de los maestros más queridos y respetados de la facultad. “Exigente, justo y noble”, lo describen sus alumnos y excompañeros. Jurisconsulto de trayectoria intachable, dedicado a la docencia desde su jubilación como magistrado, y que últimamente le ha tocado padecer las campañas de desprestigio orquestadas desde la rectoría.
La pregunta a la comunidad de “Juris” no es compleja: ¿una facultad que forma a quienes van a procurar e impartir justicia debe ser dirigida por una pareja que ha defendido durante veinte años una agresión con arma de fuego contra un periodista, y cuyo concepto de lealtad es entregarse a quien les pueda dar un puesto; o por un jurisconsulto sin una sola mancha en su historial?
Lo que viene
Ante el escaso respaldo y pocas simpatías que tiene dentro de la propia facultad, Marisol Díaz y Campos Olivo, su coordinador de campaña, ya preparan una estrategia de tres puntos: ampararse para frenar la elección alegando vulneración de derechos contra ella, impugnar la convocatoria por falta de publicidad, y lanzar una campaña mediática acusando a Nájera Davis de campaña adelantada y de inequidad. Lo anterior según fuentes de la Facultad y de funcionarios estatales. Esta estrategia estaría avalada desde la rectoría, aunque represente un foco de ingobernabilidad que se pudiera replicar en otras escuelas y facultades de la universidad, y le permita a grupos externos aprovechar para penetrar en escuelas a hacer campañas.
