Se informó sobre una compleja estructura dedicada al contrabando de combustible, con presunta participación de exservidores públicos y personal aduanal.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre nuevos avances en la investigación de una de las estructuras de contrabando de combustible más complejas detectadas en el país, conocida como “huachicol fiscal”, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque localizado en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que el aseguramiento del hidrocarburo permitió profundizar en una red criminal presuntamente dedicada a garantizar la importación, traslado, almacenamiento y distribución ilegal de combustible, mediante la participación de particulares, empresas y servidores públicos.
De acuerdo con la investigación, los hermanos Manuel Roberto y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”, presuntamente encabezaban parte de la operación y contaban con una red de complicidades en áreas aduanales y otras instituciones. La FGR sostiene que Manuel Roberto “N” habría intervenido en nombramientos, ascensos y movimientos de personal para facilitar las actividades ilícitas.
Godoy señaló que, durante un cateo realizado en una bodega vinculada con Manuel Roberto “N” en la Ciudad de México, fueron localizados objetos de lujo, documentación relacionada con aduanas marítimas y personal naval, información clasificada, así como armas que no contaban con el registro correspondiente.
La fiscalía detalló que el esquema consistía, presuntamente, en introducir combustible procedente principalmente de Texas bajo declaraciones falsas, haciéndolo pasar por aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal. Posteriormente, agentes aduanales presuntamente coludidos realizaban inspecciones simuladas o manipulaban registros para facilitar la liberación de los cargamentos.
Una vez ingresado al país, el combustible era distribuido mediante empresas legalmente constituidas, mientras que otras compañías y triangulaciones financieras presuntamente permitían dar apariencia lícita a los recursos obtenidos por su comercialización.
Las investigaciones han identificado operaciones relacionadas con esta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, por lo que la FGR continúa siguiendo el rastro de accionistas, representantes legales y otros presuntos integrantes de la red.
La fiscal general subrayó que el contrabando de hidrocarburos representa un daño a las empresas del Estado y a los recursos públicos, al tiempo que reiteró que la responsabilidad por actos ilícitos es individual y que quienes hayan utilizado cargos públicos para favorecer al crimen deberán responder ante la justicia.
“Donde haya impunidad habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”, afirmó Godoy Ramos al señalar que la Fiscalía continuará con las indagatorias y mantendrá informada a la sociedad sobre sus avances.
