Certificar a abogados postulantes y compartir los principios del Código de Ética del PJEdomex.
“Un buen tribunal lo hacen y forman los buenos litigantes”, expresó Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial del Estado de México, durante la reunión de la Red Mexicana de Ética y Realismo Jurídico, donde compartió diversas propuestas para impulsar la ética en el ejercicio de la abogacía, como la certificación de abogados postulantes.
Sodi Cuellar propuso que los litigantes accedan a cursos en la Escuela Judicial, para posteriormente presentar exámenes que les otorguen una certificación por tres años como especialistas en alguna de las materias: penal, laboral, familiar o civil- mercantil.
“Queremos que los abogados -con la certificación- tengan una dimensión ética y también se sientan protegidos, respaldados ante sus clientes y detonarlo en otros poderes judiciales a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos”, indicó.
El Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura propuso realizar una evaluación sobre el comportamiento ético de los tribunales y de litigantes en los ámbitos federal y estatal; evaluar a aspirantes a juezas, jueces, magistradas y magistrados desde la ética judicial; fomentar la cultura de la denuncia y generar acciones para defender a los juzgadores ante el ambiente de denostación.
Para impulsar lo anterior, propuso realizar conferencias, jornadas sobre bioética, muerte digna, eutanasia, derecho penal y vida humana, y cursos breves sobre Cultura de la Legalidad y fundamentos de la obligatoriedad de las normas y conversatorios. Además de institución de la Presea “Ética Judicial”. José Antonio Abel Aguilar Sánchez, integrante de la Red de Ética y Realismo Jurídico y magistrado de circuito, reiteró que se trata de un grupo homogéneo en cuanto a la profesión y heterogéneo en el ejercicio profesional, unido por valores comunes como la ética y el pensamiento clásico jurídico.
En su intervención, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Vicepresidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, propuso dar mayor fundamento a la prevención de la corrupción y no en la detección y sanción; a ello se sumó Luis Alberto Chavarría, abogado y especialista en Derechos Humanos.