Las estadísticas señalan que en la entidad mexiquense se promueven diariamente 37 juicios relacionados a pensiones alimenticias.
Diputadas y diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense coincidieron en la importancia de avanzar en el dictamen de la iniciativa para imponer penas de seis meses a dos años de prisión y la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela y a heredar, a quien sin motivo justificado abandone una mujer en estado de gravidez.
Las y los diputados también acordaron solicitar la opinión de la Fiscalía General de Justicia sobre la propuesta de reforma a los códigos Penal y Civil de la entidad, que impulsan las y los diputados de Morena, Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana Duarte, Luz Ma Hernández Bermúdez, Andrés Sibaja González, Faustino de la Cruz Pérez y Camilo Murillo Zavala.
En reunión presidida por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena) explicó que la propuesta se inspira en el caso de Diana Luz Vázquez, madre de una menor que por más de 4 años no ha recibido pensión por el padre biológico.
La iniciativa expone que en el Estado de México se promueven diariamente 37 juicios relacionados con la solicitud, consignación, cancelación o incremento de pensiones alimenticias.
Se propone incrementar las sanciones cuando por el abandono se produzca cualquier tipo de lesiones a la mujer en estado de gravidez o al producto en periodo de gestación, y si como resultado de las lesiones resulta la muerte del producto o de la madre en estado de gravidez.
También plantea que cuando se celebre un matrimonio el oficial del Registro Civil informe a los contrayentes si alguno está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; que si alguien incumple con su obligación alimentaria el juez de lo Familiar ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y avisará a la autoridades migratorias, entre otras, para restringir su salida del país.
