Especialistas destacaron la necesidad de fortalecer las acciones afirmativas para garantizar candidaturas competitivas.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en colaboración con la revista Voz y Voto, realizó el panel “Identidad y representación: retos para una democracia incluyente”, donde especialistas analizaron los avances y desafíos para fortalecer la participación política de personas de la diversidad sexual y de género, así como de grupos históricamente vulnerados.
Durante el encuentro, la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, señaló que una democracia incluyente no debe limitarse a garantizar el derecho al voto, sino también procurar que todas las personas puedan participar y estar representadas en igualdad de condiciones.
Recordó que en el Estado de México las acciones afirmativas se implementaron por primera vez en 2024, lo que permitió la elección de 67 personas, de las cuales 14 pertenecen a la diversidad sexual y de género. Ante estos resultados, destacó la importancia de evaluar no sólo el número de candidaturas, sino también los cargos obtenidos, su nivel de competitividad y las condiciones para ejercerlos.
Por su parte, la consejera electoral Paula Melgarejo Salgado destacó que uno de los principales retos para el próximo proceso electoral será prevenir simulaciones, brindar certeza jurídica y garantizar condiciones efectivas para el acceso a los cargos. Añadió que los mecanismos de acreditación deben respetar los derechos humanos y la protección de datos personales sensibles.
En tanto, Ricardo Coyotzin Torres, presidente de la Asociación Civil Fuera del Clóset, subrayó que las acciones afirmativas deben traducirse en oportunidades reales de participación y acceso a espacios de decisión. También llamó a prevenir sustituciones fraudulentas y fortalecer los mecanismos de denuncia y coordinación entre autoridades, partidos políticos y sociedad civil.
El Consejero Presidente Provisional del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, coincidió en que estas medidas deben contar con criterios claros para evaluar sus resultados y atender problemáticas como la simulación, el fraude a la ley y la violencia política por orientación sexual, identidad o expresión de género.
