Lo real es que haya politización y pérdida de independencia de jueces y magistrados, coindicen investigadores de la UNAM.
Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM advierten que la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente, ha generado un intenso debate sobre su funcionalidad y consecuencias, pero sobre todo, por un intento de politizar al sistema judicial del país.
Los especialistas consideran que la propuesta de reforma al Poder Judicial en México, que tiene un aparente objetivo de democratizar la justicia y aumentar la transparencia, presenta en el fondo riesgos como una posible politización del sistema de justicia y la pérdida de independencia de jueces y magistrados.
En la reciente obra intitulada “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, se expone a través de distintos ensayos que la propuesta de transformación al sistema judicial hecha por el titular del Ejecutivo Federal, es de riesgo.
“De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al Poder Judicial será mayúsculo, ya que implica el cese inmediato de 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas, y generará un movimiento pendular del Poder Judicial Federal para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tiene garantizada, y se adentren en el campo de la política”, analizó César Astudillo, catedrático e investigador del IIJ de la UNAM.
En el ensayo que denominó “La reforma al Poder Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección —por voto popular— de sus integrantes”, expuso que los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política.
Ello obligará a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente y a que valoren y resuelvan las controversias constitucionales, de por sí aderezadas de un gran contenido político, mediante criterios de interés políticos.
Cuando el Poder Judicial deje de ser independiente, subrayó Astudillo, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la libertad judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia.
En tanto Javier Martín Reyes, investigador del IIJ de la UNAM, detalló en el texto “La elección popular de los poderes judiciales en México, breve radiografía del Plan C”, que la propuesta de reforma es negativa, ya que es profundamente regresiva, que más allá de la retórica del titular del Ejecutivo Federal, simple y sencillamente busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, Jesús Garza Onofre elaboró un análisis sobre la “Sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial separado de la Suprema Corte y creación de un tribunal de disciplina judicial”, en el que subrayó que las instancias judiciales distan mucho de ser perfectas.
Pese a lo anterior, Garza Onofre indicó que la iniciativa de reforma presenta oportunidades para mejorar el sistema judicial, como la creación de un tribunal de disciplina judicial especializado que podría mejorar la fiscalización y rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. El nuevo tribunal tendría la responsabilidad de supervisar la conducta de jueces y magistrados, asegurando que cumplan con altos estándares de integridad y profesionalismo.