Los delitos imputados a los criminales son secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lanzó una fuerte acusación contra los jueces del Poder Judicial, a los cuales señaló de haber favorecido la liberación de más de 100 presuntos delincuentes mediante cambios de medidas cautelares.
Informó que estas liberaciones se dieron en el periodo de octubre de 2024 y abril de 2025. Además señaló que tiene registradas 193 determinaciones judiciales que beneficiaron a personas procesadas por delitos de alto impacto. Esto derivó en 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos.
Además de señalar de manera directa a Enrique Hernández Miranda, juez en Sonora, como responsable de 58 resoluciones que permitieron la salida de personas privadas de la libertad, vinculadas a delitos de alto impacto. También mencionó a Aníbal Castro Borbón, del mismo estado, con 15 resoluciones similares.
Pero los señalamientos no se quedaron en estos, también identificó a Silvestre Peña Crespo por emitir 5 resoluciones de traslado de internos entre centros federales de readaptación social, sin considerar las condiciones de seguridad requeridas para los reclusos.
En el informe que presentó, señaló que 42 jueces intervinieron en las 164 liberaciones por cambio de medida cautelar. Se suman 27 traslados de internos a otros centros penitenciarios, muchos de ellos considerados como de mínima seguridad, a pesar de que la SSPC consideraba no viables dichos movimientos.
Los delitos relacionados con estas personas incluyen secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos clasificados como de alto impacto.
Informó que de octubre de 2024 a abril de 2025, la SSPC detectó la liberación de 26 personas presuntamente pertenecientes a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Zetas y Los Rojos, entre otros.
El secretario García Harfuch afirmó que estas decisiones judiciales no solo contradicen las recomendaciones de seguridad, sino que además permiten que personas con vínculos criminales regresen a las calles.
Durante la conferencia, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Denunció un acuerdo interno en el Poder Judicial que impide iniciar procesos penales contra jueces sin autorización previa del mismo poder.
El fiscal explicó que, pese a contar con evidencia de conductas ilegales. La FGR, dijo, ha sido limitada por dicho acuerdo, que prohíbe actuar contra jueces, magistrados o ministros sin una autorización interna.
Gertz Manero indicó que esta restricción cambiará con la reforma judicial en marcha. Añadió que, aunque el acuerdo tiene años de vigencia, no aplica a todo el Poder Judicial. Pero sí a casos específicos de jueces que presuntamente han abusado de su función.
Finalmente, reiteró que una vez que un caso se judicializa, la única autoridad competente es el juez, dejando a la FGR sin atribuciones durante el desarrollo del proceso penal.
