Las resoluciones incluyen inhabilitaciones, suspensiones, destituciones y sanciones económicas por faltas graves y no graves en diversas dependencias federales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que un total de 27 personas servidoras públicas fueron sancionadas por diversas irregularidades administrativas, entre ellas faltas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos, abuso de funciones y conductas contrarias al servicio público.
La sanción de mayor impacto fue dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) contra cuatro exfuncionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien), quienes recibieron una inhabilitación por 10 años y una multa solidaria por 777.8 millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones establecieron que, durante 2019, los exservidores públicos ejercieron de manera indebida recursos del Programa de Precios de Garantía para Productos Alimentarios Básicos y destinaron fondos del Programa de Fertilizantes a conceptos distintos para los que habían sido autorizados.
El TFJA también resolvió sancionar por faltas graves a tres servidores públicos de otras dependencias federales. Entre los casos destacan un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien fue inhabilitado y multado por recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica; un empleado del Instituto Nacional de Migración (INM), sancionado por sustraer bienes institucionales, y un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, inhabilitado por realizar un procedimiento médico sin autorización de la paciente.
De manera paralela, la Secretaría Anticorrupción, a través de sus Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, impuso sanciones por faltas no graves a otros 20 servidores públicos adscritos a dependencias como Pemex, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, IMSS, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, CFE, Infonacot, Secretaría de Economía y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Las medidas disciplinarias incluyeron suspensiones temporales, destituciones, inhabilitaciones y amonestaciones públicas por conductas como falsificación de documentos, omisiones administrativas, hostigamiento, uso indebido de recursos, introducción de sustancias prohibidas en centros penitenciarios, irregularidades en trámites oficiales y maltrato laboral.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que todas las sanciones fueron determinadas conforme a la gravedad de las conductas acreditadas y recordó que las personas involucradas cuentan con los medios legales para impugnar las resoluciones. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción a través de la plataforma oficial denuncias.gob.mx.
