El objetivo de la protesta fue atraer la atención de los mexiquenses, tanto ciudadanos, como servidores públicos, además de diputados, pues la meta es lograr la Ley Sabina en el Estado de México.
Más de 50 fotografías fueron colocadas, además de lonas y pancartas, como parte de la denuncia que hizo el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, encabezada por Diana Luz Vázquez Ruiz, la promotora de la Ley Sabina en México, quien explicó que representan más de 8 mil casos en los que los hombres han recurrido a todo tipo de argumentos, desde la falta de empleo, hasta que la madre de sus hijos trabaja, para no pagar la pensión alimenticia.
Acompañada de una de las quejosas, señaló que el objetivo de la protesta fue atraer la atención de los mexiquenses, tanto ciudadanos, como servidores públicos, además de diputados, pues la meta es lograr la Ley Sabina en el Estado de México, con el impulso de la Comisión Legislativa de Género encabezada por la diputada Karina Labastida, que tiene como finalidad hacer un registro público de deudores alimentarios; en el caso de la entidad mexiquense buscan que el costo de las pruebas de ADN sea para el padre porque es una prueba costosa.
Además, buscan promover que cualquier padre que busca revictimizar a la madre, o que la siga agrediendo para no pagar pensión sea sancionado, que no se le permita seguir el juicio por guarda y custodia de sus hijos hasta que no se haya resuelto el de la pensión, pues muchas veces demandan quedarse con los hijos como amago para no pagar la pensión.
“La experiencia de las madres nos dice que los hombres piden el juicio de guarda y custodia, no porque ellos críen, sino porque se los van a dejar a la nueva pareja, a la madre o la tía, lo hacen para revictimizar, por odio, a las mujeres, por no pagar pensión, por intimidar, seguir cohibiendo la exigencia de una demanda de pensión justa”, explicó.
Añadió que parte de la ley será que los días se acorten, es decir, que una vez que inicia el proceso de demanda de pensión sean máximo 30 días para examinar los asuntos, pues hay casos en los que las madres llevan dos años en juicios y no es posible que no haya resolución:
“No es posible que en dos años no haya una pensión provisional, que se les permita a estos señores seguir así”.
Detalló que es un conjunto de 40 reformas legislativas en materia civil y penal, producto de la experiencia de las madres que han representado, para cerrar el paso, pues a veces una palabra cambia el contexto, como por ejemplo que un padre agresor de una mujer no esté en posibilidad de demandar la guarda y custodia.
Por su parte, Nancy Edith Zamora Padilla denunció que desde hace 10 años el diputado federal Gustavo Cárdenas Monroy (PRI) ha incumplido con el pago de pensión, por lo que en el 2021 la madre de una menor de 10 años inició con una demanda de pensión alimenticia a través del sistema judicial, pero no ha podido notificar al deudor, pues primero aplazó el asunto la pandemia y después “que simplemente no han podido localizarlo en su oficina o domicilio”.
Indicó que, si bien en principio aportaba algunos recursos, ahora no lo hace:
“Lo hace cuándo quiere, cómo quiere y el señor todavía se atreve a acusarme de inducir a mi hija para exigir este pago de pensión”.
Acusó que este año no ha visto a la niña, pese a que la llevaron al Congreso en la Ciudad de México para que pudiera convivir con él.
