Durante las administraciones priístas, el organismo se constituyó en “caja chica” de los gobernantes en turno.
El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), agoniza. Desde el 2017 se empezó a notar la debacle del organismo, ya que, a pesar de que el entonces presidente Enrique Peña Nieto transfirió al gobierno de Eruviel Ávila, 186 mil 224 millones 900 mil pesos en recursos federales, de los cuales 9 mil 351 millones, fueron para el sector salud, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), mejor conocido como Seguro Popular, los recursos se evaporaron.
Para septiembre del 2018, surgieron los primeros reportes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que documentaban millonarios desfalcos en todo el ejercicio del 2017, por más de 4 mil 300 millones de pesos, más de mil millones del sector salud.
Ya para el segundo semestre del 2017 y buena parte del 2018, pacientes de nosocomios públicos se debatían en los pisos de los hospitales sobre cartones, sin medicamentos ni instrumental médico básico para su atención, ni camillas ni personal suficiente. El sector era un caos.
A ello se sumaba desabasto generalizado, suspensión de pagos inexplicables a personal médico y docenas de obras no ejecutadas o en proceso, incluidos hospitales como el Oncológico. Otra tanta infraestructura estaba derruida como consecuencia del paso del sismo del 19 de septiembre de ese año. Nadie quería responder por los daños.
En octubre del 2018, médicos, enfermeras y trabajadores se lanzaron por miles a las calles y desbordaron la Plaza Cívica de Toluca para denunciar el quebranto, en una explosiva crisis. Para entonces Eruviel ya era senador, su secretario de salud, Cesar Nomar Gómez Monge, estaba fuera del gobierno y con una gran fortuna, y el desfalco del ISEM, sin resolverse.
Pero fue la “punta del iceberg”, ya que conforme pasaron los años, nadie supo – o quiso – emprender acciones contra quienes robaron los recursos destinados al organismo y la “bola de nieve creció, hasta llegar al 2023 donde el titular Fernando Fernández Clamont, se ha dedicado a dejar pasar las irregularidades, proteger a quienes han desfalcado al ISEM y dejado al garete a trabajadores y pacientes.
Y, a pesar de los reclamos, las marchas y quejas, Fernández Clamont sostiene que la gestión que está por concluir dejará un mayor número de médicos y enfermeras – 53 mil trabajadores en el Instituto de Salud del Estado de México – , así como una mayor cobertura en consultas y vacunas, tres hospitales más de segundo nivel y avances para regularizar y poner en operación los hospitales que el anterior gobierno dejó pendientes.
De acuerdo con las cifras de atención médica que maneja el organismo, en los seis años fueron 34.2 millones de consultas de medicina general, seis millones de consultas de especialidad, 620 mil intervenciones quirúrgicas, 47.8 millones de vacunas del esquema universal, más de medio millón de hemodiálisis.
Sin embargo, las quejas se multiplican ante lo que consideran es un engaño, dado que las condiciones de clínicas y hospitales dejan mucho que desear, lo mismo que la mala atención que se brinda a los pacientes.
Y en lo que respecta a los doctores y personal de enfermería, las quejas se multiplicaron con la llegada de Fernández Clamont, dado que consideran que han sido tratados como empleados de tercera, sin que se cuenten con emolumentos acordes a la labor que realizan, mientras las áreas administrativas, sobre todo en el sector central, son ampliamente beneficiados.
De ahí que esperan que con la llegada de la nueva gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, se tenga la sensibilidad para mejorar lo que ganan médicos y enfermeras, máxime que formarán parte del esquema del IMSS-INSABI.
En términos concretos, se considera que el paso de Francisco Fernández Clamont al frente del ISEM sirvió solamente para frenar las investigaciones que de debieron dar por los desfalcos al organismo que tanto afectaron a los mexiquenses.
