El 10 de agosto se le concedió la suspensión provisional con el pago de una garantía de 7 mil pesos.
El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, ingresó un recurso de amparo ante el juzgado primero de distrito de Hidalgo contra actos del juez de control, juicio oral y ejecución del primer circuito judicial, con sede en Pachuca, y otras autoridades.
En el expediente, el excolaborador de Gerardo Sosa reclama la orden de aprehensión, detención, comparecencia y su ejecución por parte de las personas señaladas; esto, luego de que el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, informara el 20 de julio pasado que hay dos denuncias en contra de la casa de estudios.
Las querellas, según el fiscal provisional, son por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado que ascienden a 132 millones de pesos; además, son “exactamente las mismas que se habían presentado en el año 2019, porque hay temas relacionados no solamente en el ámbito federal sino también en el ámbito local con contrataciones con empresas”.
Derivado de esto, el 9 de agosto Pontigo Loyola tramitó el recurso de amparo y el 10 de este mes se le concedió la suspensión provisional con el pago de una garantía de 7 mil pesos; es decir, que en tanto se resuelve el amparo, el exrector no podrá ser detenido por las autoridades y en caso de que el delito que se le imputa requiera de prisión preventiva, el actor quedará a disposición del juzgado primero.
No obstante, el juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Pachuca y el juez de control adscrito al primer circuito judicial en Pachuca, mediante su informe justificado, negaron el acto reclamado; mientras que el procurador y el titular de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal entregaron sus informes respectivos.
El 30 de agosto será la audiencia incidental y se tiene programado el 22 de septiembre para la audiencia constitucional.
Santiago Nieto precisó que las denuncias son una vista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la procuraduría, por lo que atienden el tema.