El titular de la SSPC confirmó órdenes de aprehensión contra alcaldes, exfuncionarios y servidores públicos relacionados con una célula del Cártel del Pacífico.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la ejecución de un operativo federal en Morelos y Querétaro que derivó en la detención de alcaldes, funcionarios municipales, exservidores públicos y empresarios presuntamente relacionados con una célula del Cártel del Pacífico.
El funcionario federal informó que el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, cuenta con una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud, además de ser señalado por brindar protección a integrantes de dicha organización criminal. Actualmente, indicó, es considerado prófugo de la justicia.

García Harfuch detalló que, como parte de las investigaciones, se ejecutaron seis órdenes de cateo en Morelos y una más en Querétaro, con apoyo de la Fiscalía General de la República, Inteligencia Naval y corporaciones federales.
Entre los detenidos se encuentran Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal; Pablo Adrián “N”, oficial mayor y empresario; así como Arisbel Rubí “N”, excandidata a una alcaldía en Morelos. También fueron capturados Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla.

Las autoridades federales señalaron que los implicados presuntamente brindaban facilidades operativas a una célula encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del grupo criminal en la zona oriente de Morelos.
El titular de la SSPC agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de 22 personas físicas y 10 empresas presuntamente relacionadas con esta red de corrupción y extorsión, incluyendo a funcionarios en activo, exalcaldes y personas cercanas a la estructura criminal.

Asimismo, García Harfuch aseguró que las investigaciones continúan y confirmó que existen indagatorias abiertas sobre posibles vínculos de otros servidores públicos con grupos delictivos en distintas entidades del país.
El funcionario federal subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras financieras y operativas de organizaciones criminales que mantienen presencia en Morelos y otras regiones del país.
 
 
 
 
 






















