CONFIRMAN QUE SE GASTAN 400 MDP PARA “LAS COMIDAS” DE LA ÉLITE DEL PODER JUDICIAL

Este recursos en particular se destina para la alimentación de un poco más de mil 700 trabajadores de alto nivel.

La Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional defendió el presupuesto del Poder Judicial Federal ante legisladores como parte de las discusiones alrededor del presupuesto federal que se designará en 2024 y alegó la importancia de los fideicomisos que se han propuesto a extinguir a través de la votación en comisiones de la Cámara de Diputados.

Dimpna Gisela Morales González, Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió el presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en 2024 ante diputados y diputadas y confirmó que casi 400 millones de pesos están destinados para la alimentación de un poco más de mil 700 trabajadores.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el legislador Hamlet García Almaguer (Morena) cuestionó a la funcionaria de la SCJN sobre el destino de 386.3 millones de pesos bajo el concepto de “Productos Alimenticios para Personas Servidoras Públicas Superiores del Consejo de la Judicatura Federal [CJF]”, sobre todo para cuántos funcionarios y funcionarias es que se destina dicho monto del presupuesto del Poder Judicial.

En respuesta, Morales González, si bien aclaró que el monto no necesariamente refleja que todo se utilice ni que todos los funcionarios a los que se les dirige la partida del presupuesto ocuparán el 100 por ciento, confirmó que dicho concepto está contemplado para mil 767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en dicho apartado.

En dicho encuentro, la Oficial Mayor de la Suprema Corte explicó que seis de los 13 fideicomisos de los que se discutirá su permanencia están vinculados directamente con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo aquellos respecto a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.

Las pensiones complementarias, así como otras obligaciones de seguridad social, son conceptos y obligaciones de largo plazo, es decir que el compromiso comienza cuando el trabajador adquiere la prestación y concluye cuando éste fallece.

Es por ello, argumentó, que el proyecto de presupuesto del PJF para 2024 está estrictamente apegado al marco legal para definir su construcción, así como contar un debido sustento en cada rubro de gasto público.

Además dijo que el Poder Judicial no sólo cuenta con un compromiso con la impartición de la justicia, sino que también con la transparencia y la rendición de cuentas.

En su participación, el Diputado morenista Juan Ramiro Robledo preguntó a Dimpna Gisela Morales sobre los supuestos recursos excedentes de presupuestos anuales, los cuales se han acumulado e integrado en fideicomisos a través de subejercicios, a lo que concretamente preguntó si el PJF sabe que eso implica una violación a la Ley de Presupuesto.

En respuesta, Morales González pidió a las y los legisladores presentes la diferencia entre subejercicio, economía y un ahorro. Con respecto a estas dos últimas, expuso que se “derivan de los esfuerzos que hacemos los entes públicos para ajustar nuestro gasto de operación y que a través de esos esfuerzos nosotros podemos contener el gasto, al cierre del ejercicio pueden resultar disponibilidades por diferentes razones que pueden derivar de contratos abiertos, de diferencias cambiarías, y de algunos otros conceptos”.

Es por eso que, aseguró, surgen los recursos que se acumulan en los fideicomisos, mientras que las disponibilidades del presupuesto se reintegran en su totalidad a la Tesorería de la Federación.

“No transferimos subejercicios a los fideicomisos y las disponibilidades. Al cierre del ejercicio, las reintegramos a la Tesorería de la Federación. En lo que va de este año nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte”, añadió.

Aseguró que en 2022 reportaron dos mil 895.7 millones de ahorro, y fue la cantidad que se reintegró a la Tesorería al cierre del ejercicio por el concepto de ahorros y economías.