La suspensión de actividades está dada desde el 21 de octubre y sin fecha de regreso.
En un hecho sin precedentes en el Estado de Guerrero, la Fiscalía General del Estado determinó suspender actividades en la región de Tierra Caliente como una forma de prevenir que el personal se encuentre en riesgo, la medida aplica a partir del 21 de octubre y sin fecha de regreso.
Con esta medida la Fiscalía General de Justicia deja prácticamente en la indefensión a los ciudadanos de Tierra Caliente que no tendrán una instancia que los defienda, que les procure justicia y que investigue los delitos del orden común.
De acuerdo con la legislación actual la Fiscalía General tiene a su cargo la investigación efectiva de los hechos que las leyes señalen como delito del fuero común, asimismo promover el ejercicio de la acción penal y la defensa de los intereses de la sociedad, a través del Ministerio Público.
La circular número 083 emitida por la Fiscalía Estatal y firmada por el Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Ricardo Ferrer Martínez, establece que se suspenden las actividades en la fiscalía regional, a partir de esa fecha y se no se reanudarán hasta nuevo aviso.
La medida se atribuye como una instrucción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y lo justifican en los Artículos 24 de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500 y 37 de su Reglamento, establece que el motivo de suspender actividades es ante la situación de riesgo que prevalece en esa jurisdicción de Tierra Caliente y para no poner en riesgo la integridad física de los trabajadores.
El 9 de septiembre en la Fiscalía Regional de Tierra Caliente fue privado de su libertad y luego asesinado el titular, Víctor Manuel Salas Cuadras, quien además de ese cargo formaba parte del Ejército Mexicano, con el rango de Teniente Coronel, por ello se envió un despliegue policiaco y militar sin precedente con la única intención de ubicar y detener a quienes privaron de la vida al fiscal.
Días después se informó el aseguramiento de propiedades, vehículos armas y drogas pero ninguna persona como probable responsable del crimen.
