Con las pruebas recabadas se estableció que la sentenciada exigió dinero a la víctima para no ser agredida.
Después que medios de comunicación señalaran que Alma Delia Abigail Baltazar Castillo se encuentra “injustamente presa”, y al ser sentenciada a 40 años de prisión por el delito de extorsión, todo a raíz de intentar cobrar el dinero que le correspondía de una tanda, la autoridad mencionó.
El 20 de abril de 2023, J.J.Z.L. denunció ante el Ministerio Público ser víctima de extorsión, el 17 de abril de ese año, dos hombres se presentaron en su domicilio en Teoloyucan, Estado de México, quienes la amagaron con un arma de fuego, exigiéndole les entregara dos mil pesos a cambio de no causarle daño a su familia y a ella, por lo que J.J.Z.L. entregó la cantidad exigida.
Los hombres le indicaron que este montó lo buscarían de manera semanal, además que una persona pasaría diariamente a recoger 500 pesos. La acusada Alma Delia Abigail Baltazar Castillo se presentó al domicilio de la víctima los días 18 y 19 de abril, refiriendo que solo iba por la cuota, recibiendo de parte de J.J.Z.L. los 500 pesos en ambas ocasiones.
Después de la última fecha y hasta el 27 de abril la sentenciada y los hombres no se había presentado, ya el 27 de abril se presentó exigiendo las cuotas faltantes, la víctima refirió no tener dinero, generando la molestia, siendo amenazada de regresar al otro día, la víctima y su esposa llamaron a elementos de la policía y les comunicaron lo ocurrido.
El 28 de abril de 2023, a las 11:40 horas, la sentenciada se presentó en el domicilio de la víctima, por lo que J.J.Z.L. y J.P.G.P. le refirieron “únicamente tener mil pesos”, cantidad que aceptó y recibió. Elementos de la Fiscalía detuvieron en flagrancia a la mujer que se identificó como Alma Delia Abigail Baltazar Castillo, puesta a disposición del Ministerio Público e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.
En audiencia inicial de fecha 1 de mayo de 2023, el Juez de Control calificó de legal la detención y le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La investigada Alma Delia Abigail Salazar Castillo emitió declaración, donde indicó que conocía a la víctima y que el motivo de su presencia en el lugar era para cobrar una tanda que la denunciante había organizado.
La defensa intentó desacreditar las acusaciones ofreciendo como pruebas videograbaciones del C5 del lugar de los hechos para acreditar una supuesta detención ilegal, tres testimonios de familiares y un video tomado a una conversación de un teléfono móvil.
En audiencia de prórroga celebrada el 5 de mayo, el Titular del C5 Estatal informó la inexistencia de cámaras de videovigilancia en el lugar de los hechos, por lo que la defensa se desistió de dicho dato de prueba.
El Juez de Control resolvió la situación jurídica de la entonces imputada e indicó que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público eran idóneos y pertinentes para establecer la probable intervención de Alma Delia Abigail Salazar Castillo, en el hecho delictivo de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma por ser el pasivo del delito mujer, toda vez que los aportados por la defensa privada no resultaron suficientes para desvirtuar la imputación.
El órgano jurisdiccional no concedió valor a las pruebas ofrecidas y desahogadas por la defensa, por lo que el mismo 6 de mayo de 2023, la Autoridad Judicial resolvió vincularla a proceso, determinación que no fue impugnada.
El 12 de agosto, el Tribunal de Enjuiciamiento de Cuautitlán, dio inicio a la etapa de juicio en la cual el Ministerio Público desahogó los testimonios de la víctima, testigo de los hechos y elementos captores, así como una pericial en psicología.
El 22 de agosto pasado la Autoridad Judicial dictó sentencia de condena en contra de Alma Delia Abigail Salazar Castillo, por el delito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma por ser el pasivo del delito mujer y le impuso una pena de prisión de 40 años, multa de 72 mil 618 pesos, el pago de la reparación del daño en favor de la víctima, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
El 5 de septiembre pasado, la sentenciada y la víctima interpusieron recursos de apelación en contra de la sentencia de condena, los cuales serán resueltos por el Tribunal de Alzada quien podrá confirmar, modificar o revocar dicha determinación.