La diputada Ruth Salinas señaló que es necesario regular concesiones, subsidios y expropiaciones, además de que Daniel Sibaja rinda cuentas.
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) propuso establecer límites legislativos en las concesiones, subsidios y expropiaciones, para regular los costos del transporte público y las cuotas de peaje en autopistas, pues consideró que los casetazos y los tarifazos no son ninguna solución al problema de movilidad y solo perjudican a la ciudadanía.
La parlamentaria lamentó que la entidad tenga las casetas más caras del país y que, en 2025, tuvieron un aumento, así como que el transporte público tenga un deficiente servicio para justificar un incremento en el pasaje.
Solicitó llamar a rendir cuentas a Daniel Sibaja González, secretario de Movilidad, para que informe el estado en el que se encuentran las carreteras y si se justifica el incremento, así como para que responda las acusaciones de Ramón Sabas Jiménez Fonseca, exdirector de Vialidad, respecto a que ordenó pagos de obras sin terminar y autorización de sobrecostos.
Asimismo, aclare la separación del cargo de cinco servidores públicos de las direcciones generales de Vialidad y de Movilidad de la Zona 4, quienes fueron denunciados por presuntos actos de corrupción.
La iniciativa plantea adiciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, para que las concesiones de bienes o servicios, incluyendo carreteras, aeropuertos e infraestructura de movilidad, se otorguen por escrito, mediante título de concesión, donde se establecerá el objeto y alcance, con los límites que impone la ley y las normas reglamentarias aplicables.
Propone que los costos de las tarifas y los mecanismos para su actualización se fijen de acuerdo con el título de concesión y las disposiciones vigentes, reservándose el Estado la facultad de revisión, clasificación del cumplimiento de las obligaciones del concesionario, aprobación y publicación de los aumentos.
El documento destaca que el Estado podrá aplicar subsidios al transporte público y a las cuotas de carreteras, mediante políticas que procuren el bienestar económico de la población, con una perspectiva de derechos humanos, pudiendo establecer convenios con los concesionarios para la reducción o condonación de tarifas.
Además, los aumentos a las tarifas de los servicios concesionados, incluyendo el transporte público las carreteras, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares de movilidad, se publicarán en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, con 30 días de anticipación a su aplicación.
