-El propósito es asegurar los mejores perfiles profesionales comprometidos con la legalidad, la ética y la transparencia.
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México, a cargo de Hilda Salazar Gil, utiliza un innovador protocolo de evaluación de confianza, para garantizar que quienes ocupan cargos estratégicos en la administración pública estatal sean personas comprometidas con la legalidad, la ética y la transparencia.
Este procedimiento se aplica en concordancia a los objetivos del Eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029: “Cero Corrupción, Gobierno del Pueblo y para el Pueblo, Estado de Derecho y Austeridad”.
A través de la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, se han realizado 390 evaluaciones y se han emitido 212 constancias, consolidando así un proceso riguroso y transparente.
El proceso comprende exámenes médico-toxicológicos, psicológicos, investigaciones socioeconómicas y la prueba poligráfica. A partir de estos análisis, se emite un dictamen integral que determina si la persona evaluada “cumple con el perfil requerido”, “cumple con restricciones” o “no cumple con los requisitos del puesto solicitado”.
Lo anterior, ha permitido que la Secretaría de la Contraloría se convierta en referente nacional y pionera en el empleo de este protocolo, que refuerza la credibilidad ciudadana en las instituciones y fortalece la rendición de cuentas.
Este proceso está dirigido tanto a aspirantes como a personas servidoras públicas cuyas funciones están relacionadas con el manejo de fondos públicos, la fiscalización de recursos y la supervisión de personas físicas o jurídicas.
Las evaluaciones abarcan a quienes tienen responsabilidades en residencia y supervisión de obra pública, análisis de precios unitarios, adquisiciones, arrendamientos, contrataciones públicas, otorgamiento de licencias, autorizaciones, concesiones y permisos, incluidas sus modificaciones y prórrogas.
También se extiende a personas servidoras públicas municipales y de otros poderes del Estado u organismos autónomos, en virtud de los convenios de colaboración suscritos con la Secretaría de la Contraloría.
